Las turbulencias económicas han provocado un enorme deterioro en derechos sociales que se creían garantizados. El Consejo de Europa ha detectado importantes retrocesos desde el inicio de la crisis, particularmente en España. Este organismo, encargado de velar por los derechos humanos en 47 países del continente, juzga ilegal la decisión de excluir a los extranjeros sin papeles de la sanidad española. “La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”, concluye un informe sobre derechos sociales divulgado ayer.
El texto tacha de regresivo el decreto aprobado por el Ejecutivo español en agosto de 2012 que cerraba las puertas de la sanidad a los inmigrantes irregulares a excepción de niños, embarazadas y urgencias. Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, tiene claro que esta evaluación considera la ley española contraria al derecho europeo: “No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la doctrina del Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional deberá tomarla en consideración de manera determinante [al fallar sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno”, afirma.

España es uno de los 43 países europeos que han firmado la Carta Social Europea, que recoge el derecho a la salud y que el comité encargado de interpretarlo extiende a todos los ciudadanos, con independencia de su estatus legal. El Ejecutivo español considera que, al dar acceso a las urgencias, el derecho queda salvaguardado. Pierre Verbeeren, director general de Médicos del Mundo en Bélgica, lo niega. “Las urgencias no bastan para garantizar el derecho porque, además, cada país tiene una concepción distinta sobre qué es una urgencia”, argumenta.

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Los niños y niñas extranjeros de la provincia de Alicante comprendidos entre los 0 y los 15 años representan más del 18% del total de la población de dicha franja de edad, una cifra relevante si consideramos que en España y la Comunidad Valenciana son el 11,9% y el 15%, respectivamente.
Esta circunstancia motiva el interés por abordar la realidad de este colectivo, que permita su visibilización y el conocimiento de sus características en la provincia de Alicante. Este interés se ve reforzado por la constatación del resurgimiento de la pobreza infantil en España, tal como revela el último informe de la Unicef, (UNICEF, La infancia en España 2012-2013), en el que se indica que la pobreza infantil afecta, por primera vez, al 26,2% de los menores de 16 años, convirtiéndose en el grupo de edad más pobre en relación con el resto de la población. Los datos del INE y de entidades solidarias como la Cruz Roja estiman en un 27,7% el porcentaje de los menores de la provincia de Alicante que viven en el umbral de la pobreza.

Documento:  Situación Menores Extranjeros


 


Un informe de la UA subraya el aumento de los problemas de cohesión social por la crisis en los barrios

26.01.2014 

«Alicante: una unión de microciudades independientes entre sí, carentes de la necesaria articulación». Con esta frase se define la ciudad en un informe del Observatorio de Inmigración de la UA, en el que se alerta de que la crisis está aumentando en los últimos años los problemas de cohesión social en los barrios, generando importantes cambios sociales y demográficos en la ciudad.
¿En qué se traducen estas conclusiones? En que ciertos barrios de la ciudad cada vez están acogiendo a un mayor número de inmigrantes, como Colonia Requena o Virgen del Remedio, donde el porcentaje de población extranjera se sitúa en un 48,1% y un 34,3%, respectivamente, frente al 15% de media que se registra en la ciudad. Mientras que otros, sobre todo en la zona centro, están perdiendo población en favor de barrios nuevos, como Playa de San Juan, Polígono San Blas y Garbinet, según explica el autor del estudio, el director del Observatorio de Inmigración de la UA, Carlos Gómez Gil.
En Alicante, los inmigrantes han ocupado predominante barrios pobres y desestructurados de la ciudad, en áreas obreras y marginales, así como en puntos degradados del centro histórico. Sabido es, por tanto, que los inmigrantes no habitan de forma homogénea la ciudad. Pero esta situación se está cronificando con el paso de los años, sobre todo con la irrupción de la crisis, dificultando la cohesión social y dando lugar a «microciudades» independientes. El estudio, donde se analizan los primeros cinco años de la crisis, incide en los fuertes desequilibrios poblacionales que sufre Alicante, y en aquellos que se pueden producir si no se revierte la situación con actuaciones desde las instituciones públicas.
La ciudad está cada vez menos cohesionada. Y los datos no hacen más que reafirmar una sensación colectiva. Los barrios multiculturales de la ciudad se están consolidando, al aumentar el porcentaje de población inmigrante por la desigualdades que está agudizando la crisis económica. Al frente se sitúa Colonia Requena, con un 48,1% de su población extranjera –la mayoría magrebíes–. En segundo lugar, Virgen del Remedio, donde también ha aumentado la presencia porcentual de inmigrantes, ahora con un 34,3%. Y en tercer lugar, Nou Alacant, con un 30,8% de foráneos. Los tres barrios con mayor porcentaje de población extranjera, situados en la zona Norte de la ciudad, congregan a un 17,2% del total de la población, en término absolutos a 8.721 inmigrantes. Y debido a ese desequilibrio, solo Virgen del Remedio tiene más residentes extranjeros que los diez barrios con menos presencia de foráneos, encabezados por Divina Pastora y Rabasa.
Radiografía
El informe también subraya la existencia de barrios con «déficit en viviendas, equipamientos e infraestructuras», como Carolinas, Juan XXIII y Virgen del Remedio, y otros «muy degradados que ocupan el espacio central de la ciudad», como San Antón. También se destacan los barrios de «intervención social con situaciones de tensión entre población gitana e inmigrante», como Virgen del Carmen, donde se empiezan a vivir situaciones de degradación «tan acusadas que recuerdan los inicios del deterioro que se vivió en Parque Ansaldo».

«Existen espacios de desigualdad que no se tienen en cuenta como una prioridad, ni en las políticas municipales ni en la revisión del PGOU. Los procesos demográficos evidencian la existencia de desequilibrios en la ciudad que se agrandan por la crisis y las profundas costuras que se han abierto sobre la población», denuncia Gómez Gil, quien destaca algunas características comunes que se están dando, cada vez con mayor incidencia, en los barrios que concentran a la mayoría de los inmigrantes en Alicante: «Están densamente poblados, con un parque de viviendas antiguas, escasos equipamientos, servicios e infraestructuras, con altas tasas de pobreza y desempleo, con niveles de renta bajos y con importantes dinámicas de exclusión».
 




 


La caída en el número de europeos y latinoamericanos por la crisis y la concesión de la nacionalidad española hacen que el contingente foráneo baje en 3.000 personas El auge de colectivos como el ruso y el magrebí evitan que la pérdida sea mayor

27.01.2014

La población extranjera en la provincia de Alicante ha sufrido el mayor descenso de los últimos 15 años, según ponen de manifiesto los datos detallados del padrón de habitantes a 1 de enero de 2013. En esa fecha, el recuento del Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra en 469.417 los residentes en los municipios alicantinos con una nacionalidad distinta a la española; sin embargo, eso supone un descenso de 3.193 personas en relación al anterior recuento de población. Se trata del segundo descenso que se produce desde que el INE difunde estos datos al detalle, en 1998. Además, la anterior bajada, en 2011, fue mucho menor que ésta, de 415 personas.
Entre 1998 y 2010, la población extranjera de la provincia se multiplicó por seis, pasando de 75.522 personas a 467.099. El número de inmigrantes, tanto por motivos de tipo laboral como simplemente residecial, aumentó exponencialmente de una forma uniforme en el territorio. Sin embargo, a partir de entonces, y ya con la crisis económica avanzada, el panorama ha cambiado completamente. Los ciudadanos procedentes de países latinoamericanos son cada vez menos numerosos, algo que en buena medida se debe a la propia crisis, ya que muchas personas han regresado a sus lugares de origen al ver muy empeorada su situación en España.
A ese factor se añade el de las personas que obtienen la nacionalidad española, que en muchos casos proceden de países latinoamericanos. Obviamente, ellas también dejan de figurar en el padrón como ciudadanas de sus países de origen, y pasan a constar como españolas. Así las cosas, entre los dos factores citados, no sorprende –aunque sí llame la atención por la magnitud de las cifras– que, por ejemplo, el último padrón refleje la presencia de 8.847 ecuatorianos menos que en 2008. En este tiempo, el número de argentinos ha descendido también en 4.247, mientras que el de colombianos lo ha hecho en 6.841. Mientras tanto, por otra parte, a lo largo del año 2012 se concedió la nacionalidad española a 3.949 personas en la provincia.
La incidencia de la crisis económica, que ha llevado a que muchos extranjeros –y también españoles– se marchen a buscar mejores opciones de futuro, ha tenido también una repercusión sobre el denominado turismo residencial, que representan sobre todo los ciudadanos procedentes de otros países de la Unión Europea. Los inmigrantes británicos continúan siendo con diferencia los más numerosos, pero su presencia se ha reducido en un 1,5% en el último año, tras década y media de imparable crecimiento. También ha disminuido el colectivo de alemanes, aunque en menor medida, así como el de holandeses. En cambio, crece de forma tímida el de italianos; entre éstos no habría que descartar, quizá, la presencia de personas latinoamericanas con ascendentes en el país transalpino, y que solicitan esa nacionalidad y no la española.
Auge de Rusia y el Magreb
El descenso de la población extranjera sería todavía mayor si no hubiera dos colectivos, muy distintos entre sí, con un crecimiento importante. Por una parte, el de ciudadanos rusos, que en sólo un año ha crecido un 11% y está ya conformado por casi 13.000 personas. Y, por otra, el de personas procedentes del Magreb: el número de marroquíes ha crecido casi un 2%, mientras que en el caso de los argelinos este incremento se eleva nada más y nada menos que al 17%. También crece, aunque de una forma mucho más moderada, el número de ciudadanos de países asiáticos.
 


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Cerca de 200.000 personas extranjeras residentes en la Comunidad Valenciana no tienen actualmente asistencia sanitaria pública según denuncia el Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes (CeiMigra). Esta fundación, participada por la Compañía de Jesús y la Generalitat, ha presentado hoy su informe anual sobre migraciones e integración de 2013 en el que hacen balance de "Una década de migraciones en España".
El informe, de más de 200 páginas, analiza datos sobre población, trabajo, educación y acceso a la salud y muestra la evolución en las condiciones de vida de la población inmigrante. Josep Buades, gerente de la fundación ha destacado el empeoramiento de las condiciones de cobertura sanitaria de la población extranjera y ha advertido de que el colectivo padece "una restricción del acceso a la sanidad pública que crea un problema de salud pública".
Los factores sociales, personales, ambientales y estructurales del colectivo han empeorado
"En 2012, un 70% de los extranjeros se encontraban en el grupo A de aseguramiento, seguridad Social y tarjeta sanitaria europea. Un 25% estaba en el grupo C, sin cobertura. Y un 2,4% en el grupo D, los asegurados provisionalmente", ha explicado Buades. En el periodo de 2005 a 2012, se registró un aumento "muy moderado" (4,5%) de la población extranjera con cobertura sanitaria, la mayoría en el grupo A de aseguramiento, los que tienen cobertura sanitaria y tarjeta sanitaria europea. Sin embargo, las condiciones globales de acceso a la salud en el conjunto del colectivo inmigrante, asegura el informe, han empeorado. Desde la entrada en vigor, en septiembre de 2012, del Real Decreto Ley 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Ceimigra explica se ha ido "restringiendo esta asistencia" y miles de inmigrantes que se han quedado sin asistencia sanitaria.
"200.000 personas extranjeras en la Comunidad Valenciana han quedado sin asistencia sanitaria pública por lo que necesitamos conocer sus situaciones y dar respuesta", ha explicado el gerente de Ceimigra. Según los datos de la fundación, hasta 2012, cerca de 135.000 personas carecían de cobertura sanitaria pública. Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, 65.000 personas extranjeras se han sumado a las listas de quienes carecen de cobertura sanitaria pública gratuita.
En dos años, 65.000 personas extranjeras se han quedado sin cobertura sanitaria pública gratuita
Josep Buades ha advertido de la degradación de los factores sociales, personales, ambientales y estructurales (ingresos, posición social o condiciones laborales) que han hecho que aumente el número de personas que están en riesgo de perder la cobertura. La fundación ha hecho hincapié en una bolsa de cerca de 20.000 personas que están en la situación de "asegurados provisionalmente" y ha advertido del efecto disuasorio que supone la emisión de "facturas informativas" del coste de la asistencia que se reparten también a los usuarios que no tienen que pagarla.
El informe aborda otros aspectos de la situación de la comunidad inmigrante que ha pasado de ser un gran flujo de entrada de población a frenarse en los últimos años de crisis económica, con el inicio de fenómenos de retorno y emigración de población española. "La sociedad ha quedado profundamente cambiada por el fenómeno migratorio" de forma positiva, ha explicado Buades, que ha apostado por solucionar el "problema demográfico" que vive España con la recuperación de los nacimientos y de la inmigración.
La fundación ha hecho hincapié en una bolsa de 20.000 "asegurados provisionalmente"
El informe aborda también la situación laboral de los extranjeros residentes en España. Buades ha asegurado que "asistimos al espejismo de la disminución de las cifras de desempleo" ya que la ocupación no ha aumentado, y la tasa de paro en el colectivo inmigrante es un 13% mayor que la tasa general del resto de población. El "aumento de la precariedad laboral y vital de los trabajadores extranjeros", así como de la "temporalidad" en el empleo, la "disminución de ingresos" y de su "empobrecimiento".

En materia de educación, en el curso 2012-2013 el alumnado extranjero bajó un 3% en un contexto de aumento general del alumnado de un 1%. Ceimigra ha hecho constar la disminución del alumnado extranjero en centros privados y el aumento en centros públicos y ha apostado por la "inclusión y convivencia" y por la "reestructuración" de las políticas de integración.Fuente: El País
 



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 Informe sobre la situación de integración de los inmigrantes y refugiados en España
de el Foro para la Integración social de los Inmigrantes
 

Todos los Estados miembros de la Unión Europea ya han incorporado a sus ordenamientos jurídicos nacionales las normas de la Unión Europea destinadas a luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Ahora bien se necesitan esfuerzos adicionales para aplicarlas en la práctica. Estas son las principales conclusiones del nuevo Informe publicado por la Comisión Europea.

La Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo y la Directiva de igualdad racial, ambas adoptadas en 2000, se concibieron para luchar contra la discriminación en el puesto de trabajo y por razones de raza. Es una buena noticia que estas Directivas de la Unión Europea se hayan convertido ahora en Derecho nacional en la totalidad de los 28 Estados miembros.
No obstante, el informe publicado subraya que las autoridades nacionales aún tienen que asegurarse de que, en la práctica, ofrecen a las víctimas una protección eficaz frente a la discriminación. Entre los problemas detectados se encuentra la falta de conciencia pública de los derechos y el reducido número de denuncias de casos de discriminación. Con objeto de contribuir a este proceso, la Comisión ofrece financiación con vistas a aumentar la sensibilización y a formar expertos en Derecho en materia de igualdad. Por otra parte, la Comisión Europea ha publicado una guía para las víctimas de la discriminación.
"El principio de no discriminación es uno de los más importantes de nuestra Unión Europea. Todos somos iguales ante la ley y a todos nos asiste el derecho a vivir libres de discriminación", ha declarado la vicepresidenta y comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding. "Gracias a las normas de lucha contra la discriminación y a las iniciativas de aplicación de la Comisión, los ciudadanos disfrutan de estos derechos en los 28 Estados miembros. El reto al que nos enfrentamos es garantizar que las víctimas de discriminación pueden hacer valer sus derechos en la práctica, es decir, que sepan dónde pueden acudir para pedir ayuda y gozar de acceso a la justicia".

Informe de Equinet sobre las directivas de igualdad de trato


 

Nueva publicación dedicada al islam y los musulmanes, a lo largo de la historia y en la actualidad, con un énfasis especial hacia lo que han sido y son las relaciones de España con el mundo islámico, así como a las transformaciones que éste vive en el presente.
Realizada por Casa Árabe y la Escuela Diplomática, esta publicación reúne una serie de textos resultantes del curso "El Islam hoy: fundamentos, prácticas y dimensión internacional", celebrado entre abril y mayo de 2013 dentro de los cursos sobre islam y musulmanes que vienen organizando cada año conjuntamente ambas instituciones. 

En consonancia con la misión formativa y divulgadora tanto de la Escuela Diplomática como de Casa Árabe, el objetivo de la publicación es poner a disposición de todos aquellos que se interesen por el mundo islámico (ya sea desde una perspectiva internacional, regional o nacional, política, social o económica) información y análisis actualizado sobre este ámbito cultural y geográfico de primera importancia para España, contribuyendo a un conocimiento más profundo de los vínculos que nos unen.

El presente volumen pretende así actuar como una guía accesible a una realidad tan rica, diversa y múltiple como es el islam y los musulmanes de nuestro tiempo, a la vez que aspira a constituir un instrumento de trabajo y análisis de gran utilidad para la política exterior española y la actividad educativa, económica y empresarial. 

La publicación recoge colaboraciones de un nutrido abanico de profesores, especialistas y analistas de universidades y centros de investigación españoles, entre ellos María Dolores Algora Weber, Dolors Bramon Planas, Maribel Fierro Bello, Emilio González Ferrín, Ana González Santamaría, Miguel H. de Larramendi Martínez, Ferrán Izquierdo Brichs, Justo Lacunza Balda, Bernabé López García, Eduardo Manzano Moreno, Jordi Moreras Palenzuela, Olivia Orozco de la Torre, Ana I. Planet Contreras, Javier Rosón Lorente, Eduard Soler i Lecha, Sol Tarrés Chamorro, Jorge Vázquez Costa y Rocío Vázquez Martí, y ha sido editado por Olivia Orozco de la Torre y Gabriel Alonso García, coordinadores del curso.

Puedes descargarte la publicación completa AQUÍ
 

III Ciclo Ciudad y Educación


 

FUENTE: La Verdad 
Foto:Charla informativa sobre el programa en AMICS Manises
Poco más de un millar de inmigrantes irregulares y sin recursos de la Comunitat están adheridos al Programa Valenciano de Protección a la Salud que fue aprobado por el Consell en agosto y que supone recuperar la asistencia sanitaria, -aunque no el derecho-, sin pasarles la factura del gasto.
Un cobro que disuadía a muchos inmigrantes que habían perdido este derecho a acudir a un centro sanitario ya que no podían hacer frente al coste económico.
Según el presidente de Médicos del Mundo de la Comunitat, Rafael Sotoca, hace unas semanas los representantes del Observatorio del Derecho Universal de la Salud de la autonomía (Odusalud) se reunieron con la directora general de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente, Teresa de Rojas, para analizar el funcionamiento del nuevo programa. Los datos que facilitó fueron que se habían registrado cerca de 1.500 solicitudes.
Una cifra que desde Médicos del Mundo consideran baja si se tiene en cuenta que miles de personas han podido perder el derecho sanitario. «Hay muchos inmigrantes que se han marchado, pero también es verdad que no se le ha dado al programa la suficiente difusión y se aprobó en agosto, en plenas vacaciones de verano, por lo que el impacto fue menor», explica el presidente de Médicos del Mundo, Rafael Sotoca.
Desde la Conselleria de Sanidad destacaron ayer, a través de un comunicado, que 1.046 personas se han incorporado al Programa Valenciano de Protección de la Salud. Tan solo 179 corresponden a la provincia de Alicante , 61 a la de Castellón y 806 a la de Valencia.
El programa supone que inmigrantes irregulares que no tienen convenio con países puedan volver a tener asistencia sin que deban pagar. Es decir, la Conselleria no les pasará la factura y asumirá este gasto. Una modificación que entró en vigor un año después del polémico decreto, que se puso en marcha el 1 de septiembre de 2012 y que convirtió a los extranjeros en asegurados, retirándoles la tarjeta sanitaria. Las organizaciones sociales y los médicos dieron la voz de alarma ante esta obstrucción al sistema de salud.
El nuevo programa de Sanidad todavía no ha calado en los extranjeros de la Comunitat y desde Médicos del Mundo lo achacan al hecho de que se aprobase en verano, a la falta de difusión y de información que se le ha dado no solo a los posibles inmigrantes beneficiarios sino también a los trabajadores sociales de los centros sanitarios, que son los encargados de tramitar las solicitudes. «Hay beneficiarios que viven en zonas rurales, en pequeños municipios y no están enterados, otro de los problemas es la barrera lingüística y tampoco se ha dado información explícita a los trabajadores sociales», señala el presidente.
Este nuevo programa -añade- mejora la situación del colectivo aunque suponga que para los inmigrantes se «formaliza la puerta de atrás para la entrada a la sanidad» . Además, es un «instrumento frágil porque no es una norma» y al depender de un presupuesto económico en cualquier momento puede desaparecer. «Es un programa sin coordinación estatal y en otra autonomía no tiene validez», apostilla Sotoca, quien calcula que unos 20.000 inmigrantes podrían encontrarse en esta situación irregular en la Comunitat y ser beneficiarios porque otros muchos han decidido retornar a sus países.
Por su parte, desde Sanidad explicaron que este programa -de un año de duración y renovable- permite además llevar a cabo distintas actuaciones de prevención de la enfermedad y el tratamiento de enfermedades de declaración obligatoria, enfermedades infectocontagiosas y enfermedades mentales.
Los requisitos de acceso son ser ciudadano extranjero, irregular y sin recursos económicos, mayor de edad, ya que los menores ya reciben asistencia en cualquier caso y ser residente en la Comunitat durante al menos un año.
Asimismo, no debe tener reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social la condición de asegurado o beneficiario, ni terceros obligados al pago, no poder exportar la asistencia sanitaria desde el país de origen o procedencia y no reunir los requisitos exigidos para la suscripción de un convenio especial de prestación de asistencia.

Médicos y entidades sociales detectan obstáculos en la atención a ‘sin papeles’


 


Tres investigadores de la UPV y Hegoa presentan el estudio 'Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores: bases para un encuentro necesario'
Afirman que el único camino "es construir una alianza" entre ambas
"Desde las ONG tenemos que hacer autocrítica y analizar qué posición hemos tomado"
"Si analizamos los discursos, se darían las condiciones necesarias para incorporar los movimientos sociales en las agendas de la cooperación internacional (CI)". Así de tajante se muestra Pedro Ramiro, coautor –junto a Gonzalo Fernández y Silvia Piris– del estudio 'Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores: bases para un encuentro necesario'.
Sin embargo, este encuentro no se ha producido aún. "Desde las ONG tenemos que hacer autocrítica y analizar qué posición hemos tomado y qué alianzas hemos establecido", reconoce Ramiro. Según explica, a mediados de la década de los noventa el sector empresarial comenzó a inmiscuirse en la agenda de la cooperación.
Con la llegada de la crisis, "económica y civilizatoria", los Estados "ven reducido su papel", las ONG reciben "menos presupuesto" y el sector privado gana fuerza. Aunque lucha contra la pobreza, la CI también "ayuda a las relaciones internacionales" y "asegura los negocios de las multinacionales en el extranjero", lamenta Ramiro.
Mientras, los movimientos sociales han ido conformando una agenda alternativa. "Trabajan en base a unos horizontes que se oponen al capitalismo" y buscan una transformación social, explica el autor. "Se ve con las movilizaciones, los desahucios, las mareas".
Esto dificulta aún más la interacción con los actores de la cooperación internacional, que representan la "legitimación de un proceso económico". "Nos hemos volcado en la parte más técnica dejando de lado al verdadero sujeto del cambio. Por ejemplo, durante el 15-M el papel de las ONG era muy limitado, casi nulo –explica Ramiro–. Nadie se acordaba de ellas como un sujeto a tener en cuenta".
Que algunas ONG tengan "un discurso de este tipo, que lleva la contraria a las directrices de la cooperación, hace que no estemos muy bien vistos", afirma. No obstante, asegura que "el único sentido es construir una alianza con los movimientos sociales", por lo que "es un riesgo que hay que asumir".
Así, Ramiro, Fernández y Piris se han adentrado, a través de la Universidad del País Vasco y el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA), en un proceso de investigación del que esperan resulte una nueva agenda de cooperación conjunta con los movimientos sociales. El libro Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores: bases para un encuentro necesario es el resultado de la primera parte de ese estudio. En él, se marcan los once puntos que harán posible esa agenda alternativa y que se desarrollarán en la segunda parte de la investigación. Son los siguientes:
1. Reducir las asimetrías globales. La cooperación internacional debe tener una "dimensión política" con capacidad de asumir cambios "estructurales", más allá de objetivos concretos, visibles e inmediatos. En este sentido, "las comunidades que viven en una situación de pobreza no son un objetivo, sino un punto de partida" desde el que encarar las desigualdades globales.
2. Crear un marco de referencia en torno a las lógicas emancipadoras. Los autores consideran que la emancipación es el concepto que mejor define los anhelos de los ciudadanos.
Sobre esta base, proponen una agenda alternativa que denuncie los "actores y actuaciones que impiden avanzar en términos de justicia y bienestar", que se oponga a las políticas de las "empresas transnacionales" y que abogue por "la sostenibilidad de la vida, el reconocimiento y la articulación de la diversidad, la democracia participativa, la defensa de lo colectivo y la comunidad y la politización de lo cotidiano".
3. Dar más peso a los protagonistas. La cooperación debe establecer una "alianza con los sujetos clave" en los procesos emancipadores, para que sean ellos quienes defiendan los cambios estructurales que acaben con las asimetrías globales.
4. Fortalecer los movimientos sociales. Incidir sobre "el fortalecimiento y la articulación de los movimientos sociales" es para la cooperación internacional la mejor forma de "avanzar en términos de democracia, de movilización social, de debate político y de legitimidad popular".
5. Cooperación multidimensional. Llegados a este punto, los autores destacan la necesidad de "una profunda transformación de las dinámicas y de las prioridades". "No es posible establecer prioridades sectoriales", puesto que un cambio estructural abarca todos los ámbitos de actuación.
6. Superación de la lógica Norte/Sur. Esta nueva agenda alternativa rechaza el establecimiento de enfoques y herramientas diferentes según la base geográfica de una determinada iniciativa. Por esta razón da prioridad al "análisis político" y al "fortalecimiento de sujetos como enfoque general".
7. Avanzar hacia una lógica global. "Es importante que la cooperación defina el ámbito global como prioridad, dado que en esta dimensión se sitúan algunos de los agentes y de las lógicas más significativas de la modernidad capitalista", recoge el estudio. Así, aboga por "otorgar relevancia a las redes internacionales y regionales de los movimientos sociales".
8. Superar la idea de donante y receptor. El diálogo para determinar las condiciones, prioridades y dinámicas de la agenda debe ser "horizontal, abierto y sin condiciones previas". Para ello, la cooperación internacional ha de ser entendida como una "verdadera política pública global" en la que el Norte no acapare la "capacidad real de incidir en los términos finales".
9. Diversidad de actores. Debe ampliarse la diversidad de actores de la cooperación a "las universidades, las ONGD, otras organizaciones sociales, las entidades de la economía solidaria, etc.". No obstante, esta nueva agenda "sitúa la responsabilidad y la capacidad de articulación en los movimientos sociales emancipadores".
10. Nuevo marco técnico-instrumental. Los autores optan por renunciar al proyecto entendido como la "lógica de la eficacia en función de la obtención de resultados en un breve espacio de tiempo". Son necesarios "nuevos instrumentos que se adapten a la identidad de los movimientos sociales", pensados a "medio y largo plazo", "flexibles" y que "fomenten el análisis político periódico".
11. Cambio en los requisitos administrativos. Deben "primar los criterios políticos a los técnicos y administrativos". Como explica Ramiro, los movimientos sociales y las ONGD tienen "lógicas distintas", por lo que "no se les pueden exigir las mismas condiciones".

Cooperacion_internacional_y_movimientos_sociales_emancipadores
Bilbao, Hegoa, 2013 
1vol; 344pp; 24cms, 978-84-89916-80-7, Español






 

FUENTE : El Diario- Sofía Pérez Mendoza
Aunque sus expectativas de vida no se han cumplido, un 42,4% asegura estar bastante satisfecho con su situación actual, según el informe 'Claves de la integración de los inmigrantes en España 2013'
El estudio, elaborado por la Fundación SM, revela que aunque los extranjeros tienen peores condiciones laborales, casi 6 de cada 10 no se plantean volver a sus países
Un alto porcentaje valora positivamente los servicios sociales públicos, aunque los datos son previos al decreto que excluye a más de 800.000 inmigrantes de la sanidad pública

"El sueño europeo. Fue lo que mis vecinos me decían cuando me vieron marcharme con mis cuatro hijos a cuestas y una mano delante y otra detrás". Bárbara llegó a España en febrero de 2007, cuando a su alrededor la crisis se fraguaba en silencio. Dejó su país natal, Argentina, huyendo de una vida que colocaba a su familia en un callejón sin salida. "Allí tenía que pelear por llevar un plato de comida a casa; aquí, aunque parezca superficial, puedo comprar a mis hijos unos zapatos o llevarles un día a cenar fuera". Salió de su barrio con lo puesto después de vender su casa. Casi siete años después, ha conseguido un permiso de residencia gracias a un contrato de empleada del hogar y no está entre sus planes volver a su tierra.
Como Bárbara, el 57% de los inmigrantes en España tienen intención de quedarse definitivamente. A pesar de que sus expectativas de vida no se han cumplido del todo, un 42,4% está bastante satisfecho con su situación actual. Lo dicen las conclusiones del informe "Claves de la integración de los inmigrantes en España 2013", elaborado por la Fundación SM, que señala, entre otras cuestiones, los obstáculos más pesados que enfrenta esta población. El paro es el primero (60%), seguido por el idioma autonómico (45%) o el propio castellano (43%). Todos los datos son relativos al año 2011, cuando se realizaron las encuestas sobre las que se fundamentan.

Peores condiciones laborales

Otra dificultad para muchas personas inmigrantes es la integración. Aunque un 66% reconocen que se sienten bien tratados, más de la mitad consideran que sus condiciones de trabajo son algo peores que las de la población española.
"En varias ocasiones me he sentido discriminada por no tener papeles. Indirectamente pago el IVA, pago la luz, el agua, el alquiler... ", comenta Bárbara, cuyo salario no llega a los 750 euros mensuales. Aterrizó en España en busca de un trabajo digno, al igual que el 38% de los inmigrantes, según datos del informe. Desde hace años trabaja como empleada del hogar en varias casas. En algunas han accedido a darle de alta en la seguridad social, lo que le ha permitido regularizar su situación; en otras, se niegan. "Eso sí –puntualiza– el día que no trabajo, no cobro". 
Sólo uno de sus hijos aún no ha podido obtener los papeles. Aunque ha ocupado varios puestos de trabajo, nunca han querido contratarle legalmente. "Estuvo durante unas semanas en un restaurante. Echaba muchísimas horas al día por menos de 800 euros. Desde el primer momento le dijeron que cobraría en negro y, dos semanas después, le pusieron en la calle porque encontraron a una chica que hacía lo mismo por 600".
Pese a todo, Bárbara dice que nunca se sintió desamparada. "Cuando llegamos a España, los servicios sociales nos orientaron y nos guiaron. En este sentido, este país me ha acogido mejor que el mío propio", reconoce esta mujer, cuyos nietos ya son nacidos en España. Al igual que ella, según el informe, el 93,3% de los inmigrantes valoran positivamente los servicios sociales públicos. O al menos así lo hacían en 2011, antes de la entrada en vigor del real decreto queexcluye a los ciudadanos sin papeles de la atención sanitaria y que afecta a más de 800.000 extranjeros residentes en España.

Con estudios secundarios y viviendo de alquiler

Sólo el 31% de las personas entrevistadas tenían tarjeta de residencia con permiso de trabajo permanente o estable
El 44,4% ha acabado los estudios secundarios y el 8,4% tiene estudios superiores
El 77,6% vive en régimen de alquiler y dedica la mayor parte de sus gastos a la casa y a la familia