ALEJANDRO BOLAÑOS 07/01/2009- reportaje El País
Cuando vino, le llamaron ilegal y le dieron trabajo. Algunos años después, con el encendido debate sobre el
efecto llamada de fondo, logró los papeles. Accedió a derechos antes vedados, a trabajos mejores. Pagó impuestos, los bancos le recibieron con su mejor sonrisa, se compró una casa, tuvo hijos. Se le consideró entonces propulsor del milagro económico, garante del sistema de pensiones. Ahora, los tajos se cierran, los jornales escasean, hay menos empleos en comercios y bares. Cobra el paro, la hipoteca se come los ahorros, algún familiar tomó el camino de vuelta... El investigador Miguel Pajares atrapa los nuevos interrogantes que deja la crisis en
Inmigración y mercado de trabajo, informe encargado por el Gobierno: "¿Qué pasará si siguen llegando inmigrantes al ritmo de los últimos años? ¿Se disparará el desempleo entre ellos? ¿A qué conflictos estamos expuestos? ¿Aumentará la competencia por el empleo y con ella la xenofobia?"
La recesión precipitará las respuestas en 2009, aunque las señales que lanzan el Gobierno y el mercado laboral son inequívocas. Según la última encuesta de población activa, referida al tercer trimestre de 2008, el desempleo entre los extranjeros ha aumentado hasta las 623.000 personas en el último año (un 64% más). Su tasa de paro supera el 17%. Son los peores registros desde que los inmigrantes empezaron a tener un peso significativo en España. Lo que también ha cambiado es la política del Ejecutivo de Zapatero: el país europeo que más inmigrantes ha recibido en los últimos años da un portazo. Apenas deja una rendija a la entrada con papeles en regla. Y tiende puente de plata a los que quieran irse.
"La contratación de inmigrantes en sus países de origen se aproximará a cero". El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dio en septiembre el pistoletazo de salida. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le reconvino y se vio forzado a matizar que se refería sólo a "algunas especialidades" del catálogo de profesiones y que las vías de contratación seguirían abiertas "siempre que las personas que están en paro en España hayan tenido la oportunidad, sin distinción de origen, de acceder a las ofertas de trabajo".
Pero el velo de la corrección política ha caído. En octubre, Trabajo redujo en un tercio el catálogo de profesiones de difícil cobertura que determina qué tipo de empleos se puede cubrir con contrataciones en el extranjero. El efecto es mucho mayor, porque entre las ocupaciones desterradas están las que más contratos en origen generan: albañiles, asistentas, peones agrarios, camareros... El recorte del catálogo hará un nudo a la contratación estable por el régimen general, vía que permitió la incorporación de 178.340 inmigrantes al mercado laboral español en 2007.
Menos determinante, pero igual de simbólica, es la decisión de rebajar el contingente estable, que facilita a los empresarios contrataciones colectivas en el extranjero, de los 15.709 trabajadores del año pasado a los 901 de éste, un tijeretazo del 94%. Sólo falta por revisar el contingente para trabajos de temporada, pero dada la afluencia de españoles e inmigrantes residentes a las primeras cosechas del campo andaluz, es fácil ver que encogerá.
"No es algo que decidamos nosotros", objeta Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración. "En la pasada legislatura, creamos instrumentos objetivos para asegurarnos de que se canalizaban las necesidades del mercado laboral". Defiende que funcionan: "Si eran válidos en tiempos de bonanza, también lo son en tiempos de crisis. La realidad es que ahora hay menos trabajo".
Lo que también podría argüir Rumí es que lo que ocurre en España no es excepcional. Italia decidió en noviembre que sólo permitirá entrar a inmigrantes extracomunitarios con contratos de trabajo en un puñado de profesiones. Ese mes, el Reino Unido puso en marcha un sistema de puntos, a imagen y semejanza de Australia, que reducirá al menos un 20% la incorporación de trabajadores extranjeros. Vladímir Putin ha anunciado que Rusia dejará en la mitad los cuatro millones de permisos de trabajo programados para 2009. Francia, Holanda y Alemania endurecen la reagrupación familiar.
El año 2008 fue el primero desde el arranque de esta década en que la entrada neta (inmigrantes menos emigrantes) en España quedó por debajo de las 500.000 personas, según datos de la UE. Pero tanto esa cifra como el aumento de la población activa extranjera (421.000 personas más en un año) casan aún mal con una economía en recesión. "No es extraño. La situación puede ser mucho peor aún en los países de origen. Para los que están aquí, el nivel de los servicios sociales es un aliciente para no irse. Y la reagrupación familiar es ya una vía de entrada muy importante. Aquí acabará ocurriendo lo que en otros países: en la UE, sólo 4 de cada 10 inmigrantes entran por motivos laborales", señala Juan Menéndez-Valdés, experto de la patronal CEOE.
"Hay hijos de inmigrantes que están llegando a la edad laboral. Y, con las dificultades económicas, más miembros de la familia se muestran dispuestos a trabajar", añade Rumí. El formidable repunte de la tasa de paro en 2008 (del 8% al 11,3% hasta el tercer trimestre) se explica en mucha mayor medida por el alza de la población activa inmigrante que por la destrucción de empleos.
"En 2009 ese aumento de la población activa inmigrante colapsará", prevé Joan Oliver, director de investigaciones de Caixa Catalunya. Oliver cree que los abundantes (malos) augurios que sitúan cerca del 15% la tasa de paro para este año dan por hecho que el número de extranjeros que quiere trabajar seguirá creciendo a buen ritmo. "Eso es insostenible, la comunicación entre los inmigrantes es rápida, se extenderá que la cosa aquí está mal", afirma el catedrático, que anticipa una tasa de paro del 13,5%.
Al efecto disuasorio de la crisis se unirán nuevas restricciones del Gobierno. Rumí adelanta que el deterioro del mercado laboral llevará este mes a un nuevo recorte del catálogo de profesiones, esta vez del 60%. Además, Trabajo pretende, en la nueva reforma de la Ley de Extranjería, endurecer la reagrupación familiar al acotarla al cónyuge, los hijos menores de 18 años y los padres mayores de 65 años dependientes. "También se da permiso de trabajo automático a los hijos entre 16 y 18 años y al cónyuge", recalca la secretaria de Estado. "Es una reforma equilibrada".
Las restricciones administrativas y la crisis se notan en las estadísticas de entrada de inmigrantes. Pero Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT, las relativiza. "Se cuenta a personas que ya estaban aquí y que consiguen papeles", dice. Lo que ocurrió en 2007 ilustra su afirmación. Ese año, la llegada regular de inmigrantes batió récords (700.000 personas). Pero muchos eran ciudadanos rumanos y búlgaros que ya vivían en España y lograron el permiso de residencia por la incorporación de sus países a la UE.
La dirigente sindical no cree en un vuelco del movimiento migratorio. "En estos años, el mercado laboral ha ofrecido muchos empleos de baja calidad, que cogían los inmigrantes, y eso coexiste con una tasa de actividad baja de los españoles, sobre todo entre las mujeres", añade. La subida del nivel de paro puede ser compatible con un aumento, más leve, de la población activa extranjera.
Otra cuestión que dilucidar es si las restricciones limitan la entrada de inmigrantes o, simplemente, los desvía a trabajos irregulares. De nuevo, lo ocurrido en 2007 da pistas. El otorgamiento de la residencia catapultó a la comunidad rumana en las estadísticas: con 730.000 ciudadanos de esa nacionalidad, es el grupo de extranjeros más numeroso en España. Pero, por una decisión excepcional de la UE, durante dos años se ha excluido a rumanos y búlgaros de la concesión automática del permiso para trabajar por cuenta ajena. Durante la moratoria, recién finalizada, poco más de 200.000 rumanos se dieron de alta en la Seguridad Social.
"La moratoria tuvo un efecto perverso, es evidente que muchos no han tenido más remedio que trabajar en negro", afirma Miguel Fonda, presidente de la federación de asociaciones rumanas en España (Fedrom). Si hay una comunidad en la que el retorno masivo es más probable, ésa es precisamente la rumana. Su Gobierno, con la economía resucitada por los fondos europeos, pide a los emigrados que vuelvan: echa en falta más de un millón de trabajadores cualificados. "Como dicen aquí, hay mucha gente con el corazón partido. Están muy bien adaptados a España, pero también tienen miedo a perder el trabajo por la crisis", explica Fonda.
Pese a que en la economía española pintan bastos, el acceso a educación, servicios sociales o sanidad es mucho mayor que en Rumania. También los sueldos (allí lo habitual son unos 400 euros al mes). Rumí asegura que el Ministerio de Trabajo divulgará pronto, a través del servicio público de empleo, las ofertas de trabajo que puedan llegar desde aquel país.
Rumanos y búlgaros, como el resto de ciudadanos de la UE, no están incluidos en el programa de retorno voluntario para inmigrantes extracomunitarios que Trabajo puso en marcha hace tres meses. La idea era incentivar a los extranjeros que se hayan quedado en paro a volver a sus países. El Gobierno les anticipa todo el subsidio de desempleo acumulado (el 40% aquí, el 60% cuando lleguen a su país, una media de 9.600 euros), a cambio de renunciar a los permisos de residencia y trabajo durante, al menos, tres años. Corbacho aseguró que unas 100.000 personas podían acogerse a la medida. Sólo lo han solicitado por ahora un millar.
Trabajo ha lanzado una campaña para reanimar la iniciativa con anuncios en estaciones de tren y metro. "Es una medida que tendrá un recorrido muy corto", vaticina la sindicalista Fontecha. "Es un programa sin fecha de caducidad, hay que ver cómo evoluciona", rebate Rumí. Entre las asociaciones de inmigrantes prende la desconfianza. "Con 10.000 euros no se puede iniciar un proyecto de vida, el plan potencia la imagen de que los inmigrantes son los culpables de la crisis. Es una expulsión encubierta", fue la conclusión de Raúl Jiménez, presidente de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui.
Las dudas se extienden a los expertos. "A esos inmigrantes a los que se está potenciando que se vayan podemos necesitarlos dentro de poco, hay que apostar más por políticas de recolocación que por políticas de retorno" aseguró el investigador Miguel Pajares en un acto de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Un informe de Bruselas concluyó hace unos meses que la inmigración debe aumentar, no disminuir, dado el envejecimiento de la población europea. "El modelo productivo no va a cambiar de la noche a la mañana; cuando la economía se recupere, aún se tendrán que cubrir muchos puestos de baja cualificación", opina Menéndez-Valdés.
Un reciente estudio del Banco de España destaca que los inmigrantes serán protagonistas, a las duras y a las maduras. El informe achaca al desplome de la construcción (un cuarto de los empleos del sector los ocupaban extranjeros) y a la precariedad (la mitad de los inmigrantes ocupados tiene contrato temporal) el rápido repunte del paro, poco habitual en crisis anteriores. Pero también augura que la movilidad laboral de los inmigrantes facilitará la moderación salarial y el trasvase a profesiones con más oportunidades. "Habrá un incremento del desempleo más elevado a corto plazo", predicen los expertos del Banco de España. Pero, gracias a la inmigración, "la capacidad de recuperación del mercado laboral aumenta".
Con el viento a favor del crecimiento económico, España ha asimilado sin grandes problemas convertirse en muy poco tiempo en el país de la UE con más inmigrantes en su población (5,3 millones, el 11% del total) y en su mercado laboral (2,9 millones de ocupados, el 14,3% del total). Ahora, queda por comprobar cómo afrontará los malos tiempos a partir de esta nueva realidad. Y si la política de puertas cerradas se irá con la crisis o ha llegado para quedarse.
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