PUENTEGRAMAS

“FESTIVAL MUSICAL POR LA DIVERSIDAD Y EL ENCUENTRO”

28 de Marzo, 19:30h

Parque Pedro Goitia, Barrio Colonia Requena (Alicante)


Trece formaciones musicales alicantinas se han retado a fundir sus estilos, idiomas y variedad instrumental para exponer todo este trabajo en un concierto el día 28 de Marzo en el Parque Pedro Goitia de Alicante entre las 19:30 y las 22:30.

Este Festival se ha bautizado como PUENTEGRAMAS y es una apuesta decidida de nuestros músicos por la Diversidad Cultural y el Encuentro, arriba del escenario y en el autobús, como reconocimiento a valores inherentes a nuestra sociedad multicultural que han tenido un papel destacado en la construcción de la identidad alicantina desde una perspectiva diacrónica.

Las formaciones y músicos participantes en el evento son Bakus, Félix Amador, Alicandomble, Alfonso Copé, Pan de Azúcar, GRS, Maraña, Los Chaborrillos, Djeurin The King, Klakibum, Manolo Copé, Bad Black y Sheila.

Los organizadores del evento son Obras Sociales Caja Mediterráneo, Ayuntamiento de Alicante, Alacant Rock, Asociación de Cantautores la Explanada, Colectivo Atacatá, Fundación Secretariado Gitano, Asociación Comunidad Klakibum y Colectivo Intercultural Virgen del Remedio.

Todos los que acudan al Concierto el 28 de Marzo se encontrarán con un espectáculo heterogéneo donde la nota unificadora será la fusión y mezcla de ritmos e instrumentos que la historia a veces se encapricha en alejar y otras veces, como en PUENTEGRAMAS, se esfuerza por entrelazar a golpe de compás y de armonía.

 


ÁFRICA PRADO La Fundación Alicante Acoge puso ayer al descubierto los problemas que la crisis económica está generando en la población inmigrante, entre los que destacó la irregularidad sobrevenida, que "ya afecta o está a punto de afectar al 20% de los inmigrantes" atendidos por esta ONG, según señalaron sus coordinadores en la presentación de la memoria de 2008.
Esta situación deja en la irregularidad a inmigrantes que ya disponían de permisos de trabajo y que, al no haber cotizado el tiempo necesario a la Seguridad Social por falta de empleo, no pueden renovar sus autorizaciones para permanecer en España tal y como les exige la ley, lo que les sitúa de nuevo como inmigrantes sin papeles.
Así lo señaló la coordinadora Ana Mª Álvarez, que también se refirió a los inmigrantes que, contando con permisos de residencia de carácter permanente, se plantean el retorno a su país ante las dificultades para trabajar y sobrevivir aquí, además de los problemas de embargos e impagos.
Los responsables indicaron que la actual coyuntura ha causado una reaparición de la demanda de necesidades básicas en este colectivo, que reclaman alimentos y ropa, y las 14 plazas que la ONG tiene repartidas en dos pisos de acogida se encuentran "al completo y con lista de espera". Alicante Acoge atendió a 5.256 personas, en su mayoría de Ecuador, Colombia, Bolivia y -de nuevo, tras años de descenso- Marruecos y Argelia. El vicepresidente, Enrique Pérez, recordó la importante contribución de los inmigrantes al crecimiento de la sociedad y la necesidad de no culparles de los efectos de la crisis.
 



La Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha anunciado que los ayuntamientos gestionarán el 40% del Fondo para la Integración de los Inmigrantes y el Refuerzo Educativo, presupuestado inicialmente en 200 millones de euros y que ha sido recortado un 30% por el Gobierno, hasta los 141 millones.
Rumí, que firmó un convenio marco con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, incidió en que durante la pasada legislatura, los ayuntamientos recibieron 400 millones de euros para "trabajar conjuntamente en el desarrollo de planes de ciudadanía y en la promoción de acciones locales efectivas para su integración".
Según explicó, el acuerdo alcanzado "comprometerá a 8.000 municipios y a más de 4 millones de ciudadanos" con la integración de los extranjeros, "el mayor reto de la sociedad española". No obstante, explicó, "no implica obligaciones financieras a ninguna de las partes".
Para la secretaria de Estado, "el municipio es el primer lugar en la nueva vida del inmigrante" ya que "la mayor parte de las necesidades y demandas del colectivo tienen que ver con la administración local", por lo que es importante incidir en los "lazos de cooperación" entre el Gobierno y las administraciones locales.
En este sentido, afirmó que el acuerdo con la FEMP es "un paso vital y de gran alcance" que "aportará con seguridad resultados satisfactorios en su tarea de consolidar y potenciar la colaboración entre la Administración General del Estado y las locales, a través de la federación".
Gestores de la migración"
Por su parte, Castro se comprometió a trabajar en proyectos "transversales", tales como educación; formación; vivienda o cohesión cultural. "Vamos a trabajar desde el ámbito local, por la construcción de un entorno social que sea más participativo e integrador y que conlleve políticas mucho más libres y puras" porque en los últimos tiempos los ayuntamientos se han convertido en "la Administración gestora del fenómeno migratorio", señaló.
Este acuerdo, que se enmarca en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) 2007-2010, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2007, contempla, entre otras medidas, el intercambio de experiencias entre las corporaciones locales; el impulso del trabajo en red de los diferentes agentes implicados; y la formación de responsables y profesionales encargados de la elaboración de programas de ciudadanía.
"Son los poderes públicos los que deben luchar contra la marginación y, de ellos, los gobiernos locales son los que están en mejores condiciones de ofrecer soluciones prácticas que aseguren la cohesión desde las políticas públicas de convivencia, de mediación, de educación y políticas sociales", concluyó Castro.

fuente:municipios 21 y FEMP


El Gobierno destina 141 millones para acogida e integración de inmigrantes

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 141 millones de euros para dotar el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, distribuirá este fondo entre Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.


Las Administraciones destinatarias podrán llevar a cabo proyectos sociales relacionados con la integración y refuerzo educativo de los inmigrantes. De los 141 millones de euros aprobados, 75,3 millones se destinarán a la partida de Acogida e Integración; 61,6 millones a Refuerzo Educativo y cuatro millones a la atención a menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias.

El Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo fue creado por el Gobierno en 2005 y tiene por finalidad promover y potenciar las políticas públicas en estos ámbitos de actuación en base a principios de subsidiariedad, complementariedad y cooperación con las comunidades autónomas y corporaciones locales.

 

MANIFIESTO Salvemos la hospitalidad

Los voluntarios que acogen inmigrantes 'sin papeles' se arriesgan a multas hasta de 10.000 euros - ONG y religiosos alertan del "despropósito" de la norma

Mansur llegó a casa de Miguel Santiago con 15 años. "Vino en patera desde Marruecos y le soltaron en un bosque; cuando entró en casa escondía la cabeza detrás de la gorra de la vergüenza que sentía. En seguida me dio todo lo que tenía: un calendario y 10.000 pesetas", dice emocionado Santiago, profesor de instituto en Córdoba y ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Santiago lleva 15 años abriendo su casa a sin papeles.

El comportamiento desinteresado de Santiago, que les ofrece habitación, comida y un lugar donde empadronarse para acceder a la sanidad y la educación, puede costarle una multa de entre 501 y 10.000 euros por cada uno si sale adelante el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, cuyo artículo 53 considera falta muy grave "la promoción de la permanencia irregular en España de un extranjero". Esto es, "cuando el extranjero dependa económicamente del infractor".

"La reforma es impensable en un Estado que se dice democrático y de Derecho", explica Santiago. "De Derecho tiene poco un sistema que penaliza la solidaridad, y qué democracia es ésa que no deja que personas responsables ejerzan su libertad y les prohíbe socorrer a los más necesitados", se pregunta el profesor. Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo, asevera: "Es un grave problema ético y social que España adopte una posición tan contraria a los Derechos Humanos, en la línea de la corriente de cierre de fronteras en Europa".

El manifiesto Salvemos la hospitalidad ha unido a un grupo de juristas, sacerdotes, artistas y otros profesionales en una plataforma por la modificación del anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado diciembre y pendiente de debate en el Congreso. Piden incorporar al texto la necesidad de "ánimo de lucro" para que haya sanción y ya han recogido unas 3.500 firmas. "Porque esta norma vulnera un valor fundamental como es la solidaridad", afirma Julián Ríos, abogado y miembro de la plataforma.

El plato de cerámica que recibe en casa de Daniel Izuzquiza reza: "Ésta es nuestra casa, ésta es vuestra casa". La frase hecha es también la filosofía del hogar que el jesuita comparte en Madrid con otros tres curas y cuatro sin papeles. Izuzquiza no está nada asustado por la reforma que le convertiría en delincuente. "Tratan de asfixiar a la gente solidaria", expresa con rabia contenida, "y socialmente la reforma responde a una lógica peligrosa, porque esta gente está abocada a la marginalidad y la delincuencia". Como Daniel y Miguel, las personas y entidades que sin ánimo de lucro (Red Acoge, Cáritas, etc.) presten ayuda a inmigrantes serán puestas a la altura de las mafias que sacan provecho del drama de la inmigración clandestina.

Las ONG y las asociaciones religiosas serían el blanco principal de las sanciones. Antonio Cepeda, presidente de Red Acolle, afirma que tienen una "profunda preocupación" por lo que supone "una involución" en "la legislación de extranjería, ya de por sí poco abierta", y por las repercusiones que se pueden derivar "si se llega a verificar este despropósito". No obstante, desde la federación nacional de Red Acoge tienen la esperanza de que "se cambie el anteproyecto, aunque si no es así seguiríamos actuando igual".

Más que las multas parece asustar un posible efecto en la sociedad. "Un problema de la política migratoria es su efecto psicológico, el meterte el miedo en el cuerpo", explica Izuzquiza. "Se lanza un mensaje y la gente lo interioriza; pero es importante no caer en el miedo y batallar por espacios de libertad". El sacerdote afirma que si se modifica la ley "habría que plantear una campaña de desobediencia civil, de iniciativa ciudadana, retar a las autoridades reforzando y extendiendo el tejido solidario en el entorno"

Julián Ríos no está dispuesto a cambiar la opción de vida que escogió hace 20 años, "compartir lo mío con quienes lo necesiten". El guineano Babakar vive en su casa desde hace un año: "No sé qué haría si no hubiera conocido a Julián. En algunos albergues te dejan estar tres meses, pero después te quedas en la calle". Las entidades que dan cobijo a los inmigrantes recién llegados suelen tener un tiempo limitado de acogida, tras el cual, ni expulsados ni regularizados, se quedan en tierra de nadie y a expensas de la caridad.

La plataforma se reunirá con los distintos grupos políticos y presentará las firmas en el Congreso este mismo mes. De todas formas, Daniel, Julián, Miguel y las asociaciones seguirán actuando para que la solidaridad no deje de ser la esperanza de miles de sin papeles. "No me van a acobardar, voy a seguir luchando por la gente que lo necesita; iré a la cárcel si tengo que ir, no me lo van a prohibir, te lo digo desde mis entrañas", sentencia Santiago.

MANIFIESTO PARA LA REFORMA DEL ART. 53 C) QUE SANCIONA A QUIENES AYUDEN SOLIDARIAMENTE A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN IRREGULAR.

“SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art. 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Uno de los deberes presente en todas las culturas, y en algunas, seña de identidad, es el de la “hospitalidad”. Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en España si prospera la anunciada reforma de la legislación de extranjería.

A la tendencia criminalizadora de la inmigración ilegal (considerar a la persona que quiere sobrevivir desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente), se une ahora la de aplicar un marco sancionador a las personas que de manera solidaria ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de”promoción de la permanencia ilegal en España”. Ello pone en automática situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles. De este modo, ONG, Congregaciones religiosas y ciudadanos, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verían perseguida su actuación. Más aún: la reforma pretende ampararse en el silencio cómplice de los ciudadanos ante estos atropellos contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.

En concreto, el art. 53 c) del Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto”.
Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.
El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se olvida que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH).
Ante esta situación, exponemos:
1.- Que hemos constatado, después de tantos años acogiendo y acompañando itinerarios vitales de personas en situación de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de la solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios como forma concreta de expresión de corresponsabilidad humana y social con aquellos que no tienen los mínimos de supervivencia –casa, pan y trabajo-.
2.- Que una parte significativa de la responsabilidad de la miseria en que se hallan los pueblos de origen de quienes tiene que migrar a España está provocada por procesos históricos y políticas económicas y colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del denominado Primer Mundo, que mantiene intereses en el sostenimiento de regímenes no transparentes ni democráticos en el Tercero (incluida, por cierto, la venta de armas y el tráfico de personas).
3.- Que el principio de solidaridad para con los más desheredados del mundo es un elemento ético de legitimación en una sociedad que se denomina democrática, que considera que los bienes de la tierra tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria del prójimo y su derecho a sobrevivir.
4.- Que el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro.
Ante ello, con independencia de otras numerosas discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto concreto, como auténtico mínimo ético, que modifique el Anteproyecto en el sentido de incorporar al texto normativo la necesidad de “ánimo de lucro”en el infractor para que pueda ser sancionable.

PLATAFORMA “SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”

Julián Carlos Ríos Martín. Profesor de universidad. Madrid
José Luis Segovia Bernabé. Profesor de universidad. Salamanca
María Dolores Rodríguez Pelaez. Ciudadana.
Miguel Santiago. Profesor de Instituto. Córdoba
Ramón Saez Valcárcel. Magistrado. Madrid
Daniel Izuzquiza. Sacerdote jesuita. Madrid
Pilar Sánchez Álvarez. Abogada. Madrid
Enrique Romá Romero. Veterinario. Alicante
Javier Baeza Atienza. Sacerdote. Madrid
Guillermo Toledo. Actor
Félix Pantoja García. Fiscal
Luis Guitarra. Cantautor. Madrid
Siro López. Artista. Madrid
Rafael Pascual Díez. Abogado. Madrid
Manuel Gallego Díaz. Profesor de Universidad. Madrid
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Nombre: Apellidos:

DNI/NIE:

Profesión:

Colectivo/Asociación, si procede:

Enviar firmas o correos electrónicos de adhesión a una de las dos direcciones:

Julián C. Ríos Martín Manuel Gallego Díaz
jrios@der.upcomillas.es mgallego@der.upcomillas.es
Universidad Comillas. Universidad Comillas
C/Alberto Aguilera nº 23. C/ Alberto Aguilera, 23
Madrid 28015 Madrid 28015

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El conseller de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, aseguró ayer que el Gobierno central invertirá este año nueve euros menos por cada ciudadano extranjero residente en la Comunitat, al tiempo que pidió al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Inmigración.

Durante la inauguración de una Agencia de Integración Amic, dedicada a la integración de los extranjeros residentes en Torrevieja, Rafael Blasco indicó que la inversión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por persona extranjera residente en la Comunitat disminuye este año de los 27 a 18 euros, al reducir el Ejecutivo español la dotación económica del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes prevista para la Comunitat.

Así, según aseguró el conseller, el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo que distribuye el Gobierno central entre las autonomías ha disminuido su cuantía de los 200 millones de euros anunciados a 141. En este sentido, la Comunitat recibirá 15,9 millones, 7 menos que el ejercicio anterior.

Tras recibir el comunicado del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el que se anunciaba "el 'tijeretazo' del 30 por ciento", el conseller Blasco pidió "inmediatamente" por escrito una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Inmigración en la que intentar revocar esta decisión.

A juicio de Blasco, "el Ejecutivo debe contar con la opinión de las comunidades autónomas a la hora de adoptar medidas sobre la regulación de los flujos migratorios, dado que son las que mejor conocen la realidad social y económica".