JAIME PRATS - Valencia - 15/07/2009 -El País

Para Esteban Ibarra, responsable de esta entidad, este "preocupante" escenario no se debe a ninguna casualidad. Por un lado, está el "residuo antidemocrático latente" que dejó la transición. Por otro, la "falta de reacción institucional" que se traduce en una sensación de "impunidad". El resultado es la actividad de grupos neofascistas, como el de la organización desmantelada en 2005 por parte de la Guardia Civil o las agresiones a inmigrantes filmadas en el barrio de Barona y colgadas en Internet.

Pero también los actos vandálicos contra grupos de izquierda y nacionalistas, como las sufridas en sedes del Bloc y otras entidades y personas, a las que se refirió en la presentación del informe Toni Gisbert, coordinador de Acció Cultural del País Valencià. Gisbert incidió en la "cobertura ideológica" que algunos violentos vinculados a la ultraderecha y el blaverismo reciben por parte de instituciones valencianas.

Pero no todo es negativo. El Movimiento contra la Intolerancia subraya la iniciativa tomada por la Fiscalía de Valencia de permitir a las víctimas de este tipo de violencia dar la dirección de la oficina de víctimas del delito como domicilio, para estar más protegidos.

Las 350 denuncias que destaca el documento son unas 150 más que las del año pasado. Esteban Ibarra, sin embargo, comentó que los incidentes y agresiones totales estimadas rebasan los 4.000 en toda España, ya que el informe sólo recoge hechos de los que ha tenido noticia el Movimiento Contra la Intolerancia. Además, el documento recoge 200 páginas web existentes de contenido fascista, decenas de conciertos de música de grupos violentos y apunta a la existencia en todo el país de unos 10.000 ultras y neonazis.

Ibarra pidió un mayor compromiso institucional en la persecución de este tipo de grupos, y reclamó un registro oficial en el que quede constancia de los delitos por odio que se comenten, así como una protección a las víctimas como frente al terrorismo.

LUCÍA ABELLÁN - Madrid - 29/06/2009 El País

Las estrecheces económicas han vuelto invisibles a casi un tercio de los extranjeros que trabajan en España. Cerca de 800.000 inmigrantes desempeñan su labor sin dejar huella en los registros oficiales, una de las cifras más altas de la serie. Son personas que en la encuesta de población activa (EPA) -el mejor termómetro del mercado laboral- declaran tener un empleo pero no figuran en los registros de afiliación de la Seguridad Social, un claro indicio de economía sumergida. La cifra no ha dejado de crecer desde hace más de un año hasta sumar casi un millón a finales de 2008.

Aunque siempre ha existido una brecha entre el número de ocupados extranjeros según la EPA (2,6 millones en marzo) y el que arroja la Seguridad Social (1,8 millones en el mismo mes), la crisis ha ampliado ese desfase. En plena bonanza económica, en el año 2006, los inmigrantes sin contrato suponían menos del 20% de los que declaraban tener un trabajo. En la actualidad, esa proporción ha crecido hasta el 30%. Hay que tener en cuenta que la EPA considera ocupada a toda persona que trabaje al menos una hora a la semana. Cuando la crisis aprieta, la tentación de contratar sin costes de por medio es mayor, especialmente si se trata de empleos de pocas horas y quienes los desempeñan son inmigrantes, más inermes ante los abusos.

Uno de los primeros en dar la voz de alarma ha sido el sindicato Comisiones Obreras. Su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, ha cifrado recientemente en medio millón los inmigrantes que se han colocado al margen de las listas oficiales. Paloma López, secretaria de Empleo y Migraciones del sindicato, precisa que se alcanzará esa cifra si sigue empeorando el paro. Los cálculos del sindicato apuntan a que en 2008 la crisis ha impedido a 20.000 personas renovar su permiso de trabajo por falta de ofertas, un dato similar al que se espera para este año. Lo más probable es que esas personas sigan desempeñando alguna labor, pero en la sombra.

"La economía sumergida afecta tanto a españoles como a extranjeros, pero estos últimos tienen más necesidad porque carecen del colchón social que pueden tener los españoles", explica la dirigente sindical. Maika Sánchez, responsable del plan de empleo de Cruz Roja en España, suscribe este diagnóstico y subraya la importancia de invertir en empleo cualificado, menos proclive a la actividad sin declarar. Esta organización atiende a personas sin empleo, en buena parte inmigrantes, aunque el reto es cada vez mayor: el número de peticiones de trabajo ha crecido un 50% mientras las ofertas se han desplomado un 83%.

La economía sumergida anida más fácilmente en las actividades vinculadas a la construcción, en servicios como la hostelería y en el empleo doméstico. La concentración en esos colectivos determina también la nacionalidad extranjera de buena parte de los afectados. "Lo que ha ocurrido en estos años es que los nativos se han movido hacia arriba en la lista de cualificaciones: puestos técnicos, mandos intermedios... mientras que los inmigrantes desempeñan más labores de peonaje", razona Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La inspección saca un 43% más de empleos de la economía sumergida

• ROSA BIOT -El País
  
• Alicante - 29-06-2009

ELPAÍS.com - Madrid - 26/06/2009

"Con este proyecto se pasa de una ley de extranjería a una ley de inmigración" que es "equilibrada y garantista", ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo. La ley, que según De la Vega "aborda cuestiones de Estado" ha sido ya remitida al Parlamento para iniciar su tramitación.

Por medio de un comunicado, el Gobierno ha explicado que esta reforma era "inaplazable" por la necesidad de adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a las directivas aprobadas en la Unión Europea. El texto incorpora las aportaciones de organismos como el Consejo Económico Social, la Conferencia Sectorial de Inmigración, la Comisión Interministerial de Extranjería o el Foro de Integración Social de los Inmigrantes, ha añadido.

Entre las novedades, cabe destacar que la nueva ley reformula la sanción que persigue la promoción de la inmigración irregular "para dejar fuera de toda duda que no se van a perseguir conductas de acogida humanitaria", pero mantiene la persecución de quienes provocan la entrada y estancia de un extranjero como turista, y además, sostienen su estancia irregular, informa EFE.

Legal, ordenada y con derechos y obligaciones

Con esta reforma, el Gobierno confía lograr una inmigración "legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanos", para lo que ha "apostado por el consenso, el rigor y la eficacia". Así, la vicepresidenta ha destacado que el proyecto de ley "perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo", aumenta lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes mediante iniciativas educativas.

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Blasco considera que la Ley de Extranjería "sigue sin resolver" el problema de la inmigración ilegal (Fuente:Ecodiario - Europa Press )