DiversAlacant - Encuentros Interculturales Ciudad de Alicante

Los voluntarios que acogen inmigrantes 'sin papeles' se arriesgan a multas hasta de 10.000 euros - ONG y religiosos alertan del "despropósito" de la norma

Mansur llegó a casa de Miguel Santiago con 15 años. "Vino en patera desde Marruecos y le soltaron en un bosque; cuando entró en casa escondía la cabeza detrás de la gorra de la vergüenza que sentía. En seguida me dio todo lo que tenía: un calendario y 10.000 pesetas", dice emocionado Santiago, profesor de instituto en Córdoba y ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Santiago lleva 15 años abriendo su casa a sin papeles.

El comportamiento desinteresado de Santiago, que les ofrece habitación, comida y un lugar donde empadronarse para acceder a la sanidad y la educación, puede costarle una multa de entre 501 y 10.000 euros por cada uno si sale adelante el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, cuyo artículo 53 considera falta muy grave "la promoción de la permanencia irregular en España de un extranjero". Esto es, "cuando el extranjero dependa económicamente del infractor".

"La reforma es impensable en un Estado que se dice democrático y de Derecho", explica Santiago. "De Derecho tiene poco un sistema que penaliza la solidaridad, y qué democracia es ésa que no deja que personas responsables ejerzan su libertad y les prohíbe socorrer a los más necesitados", se pregunta el profesor. Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo, asevera: "Es un grave problema ético y social que España adopte una posición tan contraria a los Derechos Humanos, en la línea de la corriente de cierre de fronteras en Europa".

El manifiesto Salvemos la hospitalidad ha unido a un grupo de juristas, sacerdotes, artistas y otros profesionales en una plataforma por la modificación del anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado diciembre y pendiente de debate en el Congreso. Piden incorporar al texto la necesidad de "ánimo de lucro" para que haya sanción y ya han recogido unas 3.500 firmas. "Porque esta norma vulnera un valor fundamental como es la solidaridad", afirma Julián Ríos, abogado y miembro de la plataforma.

El plato de cerámica que recibe en casa de Daniel Izuzquiza reza: "Ésta es nuestra casa, ésta es vuestra casa". La frase hecha es también la filosofía del hogar que el jesuita comparte en Madrid con otros tres curas y cuatro sin papeles. Izuzquiza no está nada asustado por la reforma que le convertiría en delincuente. "Tratan de asfixiar a la gente solidaria", expresa con rabia contenida, "y socialmente la reforma responde a una lógica peligrosa, porque esta gente está abocada a la marginalidad y la delincuencia". Como Daniel y Miguel, las personas y entidades que sin ánimo de lucro (Red Acoge, Cáritas, etc.) presten ayuda a inmigrantes serán puestas a la altura de las mafias que sacan provecho del drama de la inmigración clandestina.

Las ONG y las asociaciones religiosas serían el blanco principal de las sanciones. Antonio Cepeda, presidente de Red Acolle, afirma que tienen una "profunda preocupación" por lo que supone "una involución" en "la legislación de extranjería, ya de por sí poco abierta", y por las repercusiones que se pueden derivar "si se llega a verificar este despropósito". No obstante, desde la federación nacional de Red Acoge tienen la esperanza de que "se cambie el anteproyecto, aunque si no es así seguiríamos actuando igual".

Más que las multas parece asustar un posible efecto en la sociedad. "Un problema de la política migratoria es su efecto psicológico, el meterte el miedo en el cuerpo", explica Izuzquiza. "Se lanza un mensaje y la gente lo interioriza; pero es importante no caer en el miedo y batallar por espacios de libertad". El sacerdote afirma que si se modifica la ley "habría que plantear una campaña de desobediencia civil, de iniciativa ciudadana, retar a las autoridades reforzando y extendiendo el tejido solidario en el entorno"

Julián Ríos no está dispuesto a cambiar la opción de vida que escogió hace 20 años, "compartir lo mío con quienes lo necesiten". El guineano Babakar vive en su casa desde hace un año: "No sé qué haría si no hubiera conocido a Julián. En algunos albergues te dejan estar tres meses, pero después te quedas en la calle". Las entidades que dan cobijo a los inmigrantes recién llegados suelen tener un tiempo limitado de acogida, tras el cual, ni expulsados ni regularizados, se quedan en tierra de nadie y a expensas de la caridad.

La plataforma se reunirá con los distintos grupos políticos y presentará las firmas en el Congreso este mismo mes. De todas formas, Daniel, Julián, Miguel y las asociaciones seguirán actuando para que la solidaridad no deje de ser la esperanza de miles de sin papeles. "No me van a acobardar, voy a seguir luchando por la gente que lo necesita; iré a la cárcel si tengo que ir, no me lo van a prohibir, te lo digo desde mis entrañas", sentencia Santiago.

MANIFIESTO PARA LA REFORMA DEL ART. 53 C) QUE SANCIONA A QUIENES AYUDEN SOLIDARIAMENTE A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN IRREGULAR.

“SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros” (art. 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Uno de los deberes presente en todas las culturas, y en algunas, seña de identidad, es el de la “hospitalidad”. Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en España si prospera la anunciada reforma de la legislación de extranjería.

A la tendencia criminalizadora de la inmigración ilegal (considerar a la persona que quiere sobrevivir desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente), se une ahora la de aplicar un marco sancionador a las personas que de manera solidaria ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de”promoción de la permanencia ilegal en España”. Ello pone en automática situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles. De este modo, ONG, Congregaciones religiosas y ciudadanos, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verían perseguida su actuación. Más aún: la reforma pretende ampararse en el silencio cómplice de los ciudadanos ante estos atropellos contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.

En concreto, el art. 53 c) del Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto”.
Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.
El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se olvida que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH).
Ante esta situación, exponemos:
1.- Que hemos constatado, después de tantos años acogiendo y acompañando itinerarios vitales de personas en situación de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de la solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios como forma concreta de expresión de corresponsabilidad humana y social con aquellos que no tienen los mínimos de supervivencia –casa, pan y trabajo-.
2.- Que una parte significativa de la responsabilidad de la miseria en que se hallan los pueblos de origen de quienes tiene que migrar a España está provocada por procesos históricos y políticas económicas y colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del denominado Primer Mundo, que mantiene intereses en el sostenimiento de regímenes no transparentes ni democráticos en el Tercero (incluida, por cierto, la venta de armas y el tráfico de personas).
3.- Que el principio de solidaridad para con los más desheredados del mundo es un elemento ético de legitimación en una sociedad que se denomina democrática, que considera que los bienes de la tierra tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria del prójimo y su derecho a sobrevivir.
4.- Que el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro.
Ante ello, con independencia de otras numerosas discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto concreto, como auténtico mínimo ético, que modifique el Anteproyecto en el sentido de incorporar al texto normativo la necesidad de “ánimo de lucro”en el infractor para que pueda ser sancionable.

PLATAFORMA “SALVEMOS LA HOSPITALIDAD”

Julián Carlos Ríos Martín. Profesor de universidad. Madrid
José Luis Segovia Bernabé. Profesor de universidad. Salamanca
María Dolores Rodríguez Pelaez. Ciudadana.
Miguel Santiago. Profesor de Instituto. Córdoba
Ramón Saez Valcárcel. Magistrado. Madrid
Daniel Izuzquiza. Sacerdote jesuita. Madrid
Pilar Sánchez Álvarez. Abogada. Madrid
Enrique Romá Romero. Veterinario. Alicante
Javier Baeza Atienza. Sacerdote. Madrid
Guillermo Toledo. Actor
Félix Pantoja García. Fiscal
Luis Guitarra. Cantautor. Madrid
Siro López. Artista. Madrid
Rafael Pascual Díez. Abogado. Madrid
Manuel Gallego Díaz. Profesor de Universidad. Madrid
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Nombre: Apellidos:

DNI/NIE:

Profesión:

Colectivo/Asociación, si procede:

Enviar firmas o correos electrónicos de adhesión a una de las dos direcciones:

Julián C. Ríos Martín Manuel Gallego Díaz
jrios@der.upcomillas.es mgallego@der.upcomillas.es
Universidad Comillas. Universidad Comillas
C/Alberto Aguilera nº 23. C/ Alberto Aguilera, 23
Madrid 28015 Madrid 28015

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