Más de 70 inmigrantes de 15 nacionalidades se esfuerzan por conocer la sociedad alicantina
domingo, 31 de enero de 2010
La Verdad de Alicante 31.01.10
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domingo, 31 de enero de 2010
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jueves, 28 de enero de 2010
A. P. "Sin el empadronamiento el inmigrante está atado de pies y manos. Lo necesitas para todo: para Sanidad, para Extranjería, cuando haces cualquier solicitud", señala Ana, de origen dominicano, en la Oficina de Estadística del Ayuntamiento, a la que ha acudido para obtener un certificado de empadronamiento. Para ella, que está a punto de obtener su permiso de residencia por arraigo -que se concede a los tres años de residencia continuada, entre otros requisitos-, el empadronamiento ha sido "imprescindible" porque "es la única manera de demostrar tu estancia aquí y es lo primero que tienes que hacer para obtener tus papeles. Mi hermana tardó dos meses en empadronarse y por unos días no pudo meterse en la última regularización".
Ella, como otros inmigrantes, reiteran que la oficina de Alicante nunca ha puesto restricciones adicionales a los inmigrantes sin papeles para empadronarse. Irene, boliviana con permiso, recuerda que tardó año y medio en hacerlo "porque a la familia para la que trabajaba como interna le daba miedo empadronarme. Tuve que ir al hospital y me mandaron una factura, que gracias a una trabajadora social no tuve que pagar porque no tenía recursos y luego pude tener la tarjeta sanitaria".
Muro y Sergio, senegaleses sin papeles, llevan tres años empadronados en Alicante y esperan obtener el permiso de trabajo pronto. "Si no te empadronas no puedes demostrar el tiempo que llevas aquí, ni puedes ir a un médico al centro de salud o meter a los niños en el colegio", apuntan.
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miércoles, 27 de enero de 2010
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A lo largo de este año, el espacio CAMON se convertirá en un estudio de grabación para que las bandas de Puentegramas graben sus temas y nos ofrezcan una serie de conciertos en los que músicos de distintos estilos, étnias y orígenes se den la mano.
El próximo domingo 14 de febrero el senegalés Bakary Keita y el Niño Miguelito grabaran los temas musicales que interpretarán en un concierto que tendrá lugar en CAMON el domingo 28 de febrero, a partir de las 19.00 horas.
Puentegramas Live es una ventana que CAMON abre al proyecto musical alicantino más efervescente y participativo de la historia reciente de la ciudad, la plataforma Puentegramas. En él se aúna creación artística, promoción de valores y educación social a través de la música.Puentegramas Live es un proyecto mainstream directamente ligado al lema de CAMON ya que se trata de experimentar, encontrar y compartir.
Fuente:Patricia Miralles -Camon
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Aunque el baremo a partir del cual las solicitudes de empadronamiento serán denegadas aún no está decidido, fuentes del Ministerio de Política Territorial adelantan que será muy inferior a los 20 metros cuadrados por habitante que exigía el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) y que provocaron una polémica por la discriminación que suponían hacia los inmigrantes.
Las mismas fuentes insistieron en que esta medida no ha sido diseñada para los inmigrantes, aunque reconocieron que han tenido en cuenta que puede ser efectiva para combatir los llamados pisos patera. De hecho, un pionero en el establecimiento de estos criterios fue el actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, cuando era alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
La intención del Gobierno coincide también con la solicitud que le formuló el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado día 14, en plena polémica por los casos de Vic (Barcelona) y de Torrejón de Ardoz (Madrid). "En función de los metros cuadrados de un domicilio", afirmó, "existe un límite de capacidad para albergar a un número de personas, y tiene que haber un criterio por normativa estatal a partir del cual los ayuntamientos no estemos obligados a realizar empadronamientos que físicamente sabemos que no pueden responder a la realidad".
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martes, 26 de enero de 2010
Fundación Esplai presenta el martes 26 de enero, en Madrid, el tercer volumen de la colección "Documentos para el debate". Éste lleva por título Ciudadanía y Globalización. Una reflexión desde el Tercer Sector. La presentación contará con las intervenciones del presidente de Fundación Esplai, Josep Gassó; de la vicepresidenta, Mª Jesús Manovel; y del sociólogo y miembro del Consejo Asesor de Fundación Esplai, Enrique Arnanz, que ha sido el coordinador y redactor del libro.
Posteriomente, se realizará un diálogo-debate con las intervenciones de la ex directora del Servicio de Mediación Social Intercultural de Madrid, Fadhila Mammar; del sociólogo y miembro del Consejo Asesor de Fundación Esplai, Hilario Sáez; y del senador y sociólogo, Imanol Zubero. Este debate estará moderado por el director técnico de FAD y miembro del Consejo Asesor de Fundación Esplai, Eusebio Megías.
La presentación en Madrid tendrá lugar en La Casa Encendida (Ronda Valencia, 2) a las 19 h.
En el libro Ciudadanía y Globalización se plantea que uno de los elementos básicos del "cambio de época" que vivimos está relacionado con la interconexión y la interdependencia de personas, naciones y estados en el mundo. Hoy no es posible concebir la ciudadanía y la convivencia sin este marco global. Esto es así, tanto por lo que se refiere a la generación de dificultades, problemas, conflictos e injusticias, como por el abordaje de retos colectivos y la generación de propuestas y soluciones.
Éste es el tercer libro de la colección "Documentos para el debate", una colección de Fundación Esplai que se inició en el año 2007 con la publicación de Educación y Ciudadanía y que siguió en el 2008 con Educación, Ciudadanía e Inmigración. Las publicaciones son fruto del trabajo generado por el Consejo Asesor de Fundación Esplai.
Más:“Ea! otra formación asociativa es posible”
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Se acabó también lo de pedir la documentación en función del color de la piel o el aspecto extranjero. El recién nombrado fiscal general del Estado (de origen dominicano) ha sido tajante al respecto: al menos el bochorno que causó su detención cuando paseaba pacíficamente por la Gran Vía una noche de sábado ha servido para poner fin a una práctica tan inaceptable.
Lo que nos lleva al Tribunal Constitucional: la llegada de una jurista de origen saharaui al máximo tribunal ha sido un paso sumamente importante y ha puesto fin a las absurdas discriminaciones en cuanto a la vestimenta que imperaban en el mundo judicial.
En el Congreso, la reciente sentencia sobre la "ley para la integración de los inmigrantes en la vida pública" ha marcado un antes y después. Reflejo de la diversidad de este país, que cuenta ya con más de cinco millones de extranjeros empadronados, aproximadamente unos 40 diputados nacieron fuera de España o son hijos de inmigrantes. El caucus andino, en concreto, que agrupa a los diputados ecuatorianos, peruanos y bolivianos de todos los partidos, ha sido muy activo.
Nuestra política exterior también se está beneficiando enormemente de las nuevas políticas de integración. Gracias a la integración en el cuerpo diplomático de jóvenes de origen subsahariano, nuestro Ministerio de Exteriores conoce a la perfección la política, lenguas, tradiciones y aspiraciones de una región en la que ha abierto recientemente un gran número de nuevas embajadas. A la vez, el nombramiento como secretario de Estado de Cooperación Internacional de un español de origen ecuatoguineano ha sido un gran paso para desterrar todas las acusaciones de neocolonialismo moral que se hacen sobre la ayuda al desarrollo y la promoción de la democracia y los derechos humanos en el exterior. Igualmente, los cinco diputados marroquíes en el Congreso no sólo están siendo esenciales a la hora de desactivar el radicalismo islámico en España sino a la hora de influir positivamente en la evolución democrática de Marruecos.
¿Y qué decir de ese chaval de origen búlgaro que ha ganado la olimpiada de matemáticas en representación de España? ¿Y del empresario de origen cubano que ha revolucionado la telefonía móvil al lograr que todas las llamadas de móvil vayan por Internet, situando a su empresa en el Ibex 35? ¿Y del chino que atiende en la oficina del Inem? Parece que la política de becas y de lucha contra el fracaso escolar de los inmigrantes está funcionando. Menos mal que en este país se entendió a tiempo que la única pregunta relevante sobre la inmigración es si los hijos de los inmigrantes irían a la Universidad.
Evidentemente, todo lo anterior es ficción, un presente que no sólo no existe, sino que, al paso que vamos, camina exactamente en dirección contraria. Así, se nos pretende hacer entrar en un supuesto debate que tiene un método original ("sin complejos"); que predefine la inmigración (en lugar de la xenofobia) como problema; que antes de comenzar ya nos anuncia la conclusión ("aquí no cabemos todos") y, sobre todo, que esconde con todo descaro las verdaderas motivaciones (electorales) de los que lo patrocinan.
Sólo hace falta mirar a nuestro alrededor para adivinar el resultado: en Francia, en lugar de abrir un debate sobre la integración y la discriminación de los inmigrantes, han abierto uno sobre la identidad nacional; en Suiza se convocan referendos sobre los minaretes; en Irlanda la emprenden contra los inmigrantes rumanos; y en Italia, los más exaltados queman los campamentos de los inmigrantes subsaharianos.
Hablamos mucho estos días de cómo crear una economía sostenible, pero muy poco de cómo crear una sociedad sostenible. Los inmigrantes son más de cinco millones, pero son invisibles en la vida pública. Hay países en nuestro entorno que ya han pasado por lo mismo que nosotros (incrementos importantes de la inmigración coincidentes con crisis económicas): ¿de verdad vamos a repetir los mismos errores? ¿Y si, en lugar de aislar, criminalizar y deportar tenemos visión de futuro y construimos una historia de éxito de la que estar orgullosos?
jitorreblanca@ecfr.eu
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lunes, 25 de enero de 2010
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viernes, 22 de enero de 2010
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CCOO resaltó hoy que la provincia de Alicante es registra unos de los índices porcentuales más elevados de destrucción de empleo en el colectivo de ciudadanos extranjeros, ya que desde diciembre del 2007, en el que se encontraban de alta en la seguridad social 94.647 trabajadores, la destrucción de empleo entre este colectivo ha sido continuada, hasta situar la afiliación media en diciembre de 2009 en 74.196 trabajadores, según informó hoy el sindicato en un comunicado.
De los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, CCOO indicó que de los diferentes regímenes afiliativos sólo se mantiene el de empleados de hogar que presenta un ligero aumento situándose en 4.705 trabajadores, 45 más que en el mismo periodo del año anterior, el régimen general registra 44.111 sufriendo una bajada de 6.755 afiliaciones, y los autónomos se quedan con 14.193 altas, lo que representa una pérdida de 2.191, el régimen agrario se sitúa en 10.984 trabajadores, 1.153 menos, y por ultimo el mar, que mantiene 204 empleados, 14 menos.
En cuanto a los sectores de actividad, aunque los datos no se presentan desagregados a nivel provincial, CCOO tomó como referencia los datos de los sectores de actividad a nivel autonómico y señaló se puede observar que el mayor volumen de trabajadores se sitúa en el sector de la hostelería, comercio y construcción, que son "las actividades económicas que más están padeciendo los efectos de la crisis actual".
Según el sindicato, "el futuro se presenta muy incierto dado que los puestos de trabajo que cubre este colectivo siguen siendo los mas vulnerables frente a la caída de la actividad económica, teniendo a su vez muy mermadas sus posibilidades de acogerse a la protección familiar o por desempleo".
En este sentido, CCOO consideró que "lo que menos se necesita es la apertura de debates absurdos como el provocado por la negativa de "algunas afirmaciones realizadas en estos días solo sirven para encender la llama del racismo y la xenofobia".
A este respecto, recordó que "a pesar de la bajada de las afiliaciones a la seguridad social el aporte económico que están realizando los trabajadores han sido y son vitales para el conjunto de nuestro sistema de protección social", según la misma fuente.
El 40,17% de los extranjeros empadronados en los 141 municipios de la provincia de Alicante, un total de 185.210 personas, carece de permiso de residencia legal en España, según ha informado hoy el sindicato UGT.
En un comunicado, ha explicado que la provincia de Alicante cuenta, al 1 de enero de 2009, con un total de 1.917.012 personas empadronadas, lo que supone un aumento de 22.445 con respecto a la misma fecha del año anterior, de las cuales 14.597 son foráneas.
El total de extranjeros residentes se eleva a 460.965 personas, con 240.344 hombres (25,09% de los varones totales) y 220.621 mujeres (23,07%), aunque sólo 275.755 cuentan con un permiso de residencia.
Para UGT, estos datos reflejan la importancia que tiene la población extranjera en la provincia y también la ralentización del crecimiento (años atrás la subida fue mayor) como consecuencia de la crisis y de las medidas restrictivas a la entrada y permanencia de no comunitarios.
Dado el alto porcentaje en situación irregular, el sindicato ha recordado que hay que respetar a esta población los derechos fundamentales reconocidos por la normativa en materia de extranjería.
"Los argumentos demagógicos que en estos días se están vertiendo sobre el empadronamiento de los inmigrantes en situación administrativa irregular", advierte el sindicato en referencia a Vic (Barcelona), "cuestionan la pertenencia de la población extranjera a la sociedad española".
"Y el acceso universal a la sanidad y a la educación es un logro del Estado del Bienestar que no puede permitirse ser cuestionado desde discursos oportunistas", ha agregado UGT, que insta a incentivar una "educación intercultural" en todos los ámbitos y a rechazar la exclusión.
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La ordenanza de protección del espacio público “estigmatiza” y “refuerza la exclusión social” de personas ya discriminadas socialmente
Médicos del Mundo advierte de la “criminalización y estigmatización” que emana de la ordenanza de protección del espacio público, aprobada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en sus capítulos referentes a la mendicidad, servicios sexuales, actividad de los gorrillas y presencia de los “Sin techo”. Para la Ong, actuar a nivel represivo y policial contra personas “que no son delincuentes, sino víctimas discriminadas socialmente”, sólo está encaminada a disminuir la visibilidad de estas realidades, pero no hacia su solución.
Médicos del Mundo, que desarrolla en la Comunidad Valenciana desde 1994 programas dirigidos a personas en riesgo de exclusión social y que ejercen la prostitución, manifiesta su “rotunda disconformidad” hacia la restrictiva ordenanza de protección del espacio público que penaliza, entre otras, conductas como “dormir de día o de noche” en la calle o en los bancos, con multas de hasta 400 euros.
Para la Ong, con medidas represivas y policiales, tal como recoge la citada norma, sólo se consigue criminalizar, además de condenar de antemano a personas que no son delincuentes; y el único fin que se persigue con esta norma, a juicio de Médicos del Mundo, “es el desplazamiento y la disminución de la visibilidad de estas realidades, pero en ningún momento se pretende abordar de manera efectiva el fenómeno ni de la prostitución ni de la mendicidad y las personas sin techo que viven en nuestras calles”.
La Ong matiza que apoya a los ayuntamientos para que cumplan sus funciones de defensa del buen uso de la vía pública y preservación del espacio público como lugar de convivencia y civismo; “pero que lo sea para todos los ciudadanos por igual sin distinción clasista. Si la ordenanza persigue que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo no se puede penalizar la libertad del colectivo de “Sin techo”, por ejemplo, que también son personas y ciudadanos, con multas económicas e incautación de sus pertenencias”.
En este sentido, Médicos del Mundo advierte del transfondo “estigmatizador” que emana de la ordenanza, al hacer referencias explícitas únicamente a personas que ya de por sí sufren exclusión social: los gorrillas, las prostitutas y las personas que ofrecen limpiar los parabrisas.
“Nos preguntamos –señala la organización- si esta norma va a ser aplicable también a otros colectivos sean religiosos, encuestadores, empresas que utilizan marketing directo en las calles, distribuidores de prensa gratuita o publicidad y, en definitiva, cualquier persona que ofrezca un servicio sin que se le haya solicitado” y que a juicio del agente de la Policía Local pueda significar “que perturban” o que “representen actitudes coactivas”, como recoge la norma en su capítulo 3. Este último aspecto, el de la arbitrariedad en la intervención policial, también preocupa a la ong, dado que “¿hasta cuándo o a partir de qué límite se perturba y, por lo tanto, se legitima la intervención policial y sancionadora?
Para Médicos del Mundo, por último, la citada normativa no sólo refuerza la exclusión social y castiga a víctimas vulnerables como son las mujeres y hombres que ejercen la prostitución callejera, promoviendo su actividad en zonas aisladas y poco protegidas, “en vez de dirigir la acción represiva a luchar contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual”; si no que, además, dificulta el trabajo de prevención y promoción de la salud al permitir al agente local “el expolio del material de prevención (condones)”, al estar autorizando “(…) la incautación cautelar de los medios empleados para desarrollar la conducta antijurídica” (capítulo 4)”.
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Por primera vez en la historia contemporánea de un país europeo como Suiza se lleva a cabo un referéndum sobre símbolos religiosos como son los minaretes musulmanes, un referéndum que acaba por prohibir el ejercicio pleno de unos derechos fundamentales protegidos por la propia Constitución de aquel país y por todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Este referéndum no deja de ser un grave atropello a la convivencia y un precedente aplicable a los demás derechos que parecían consolidados en Occidente; tal vez Suiza, Francia o cualquier otro país democrático pueda mañana celebrar un referéndum sobre símbolos cristianos o sinagogas. ¿Y cómo puede reaccionar Europa a un referéndum sobre las Iglesias católicas en Malasia, por no hablar de un país árabe o musulmán? ¿Qué más argumentos necesitan los radicales de Afganistán o de Irak para continuar su guerra contra las libertades que se predican desde Occidente?
Pues bien, semejante barbaridad acaba regalando a los radicales de Al Qaeda argumentos para expandir su terrorismo, además de debilitar a los muchos millones de musulmanes moderados que quieren vivir en paz y seguridad y creen en los valores universales de la democracia y la libertad. Un referéndum con consecuencias, pues no han tardado en manifestarse en otros países muchos movimientos racistas y neonazis, también en España, movilizándose para exigir iniciativas antimusulmanas parecidas, utilizando el mismo lema de la campaña suiza en contra de los minaretes.
No obstante, aún es más grave lo ocurrido en el sur de Italia, cuando la complicidad con la mafia de ciudadanos en Calabria permitió el linchamiento de seres humanos por el hecho de ser inmigrantes y negros, un linchamiento que vino precedido de la aprobación hace un año en ese país de la Ley de Seguridad que convierte en delito la inmigración clandestina, olvidando no sólo la integración sino el control del trabajo sumergido, con el efecto de ayudar a las mafias a esclavizar a los sin papeles.
El Gobierno que permitió las patrullas racistas no parecía enterado de la explotación de 20.000 trabajadores extranjeros y sólo se entera cuando son linchados, no vacilando en justificar los hechos y, para colmo, anunciando dureza contra la inmigración irregular, como si fueran los inmigrantes los autores del crimen y no sus víctimas.
Tan dramáticas han sido las imágenes de Calabria que el Papa de la Iglesia de Roma ha clamado en defensa de los inmigrantes. Y tan pasivos hemos sido todos, como si fuera un hecho aislado y normal, que asusta el silencio colectivo. ¿Es ésta la Europa de los ciudadanos que queremos?
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jueves, 21 de enero de 2010
Luz, Andrea, Khadija, Souad, Mohammad, Solaoua, Assane, Pierre, Isaac o Erick son algunos de los nombres de los protagonistas que aparecen en las páginas de 'Los rostros de la Integración II' y que llegaron al país "persiguiendo su propia meta" con el deseo compartido de lograr una vida mejor de la que abandonaron en sus tierras.
La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía ha editado este manual que recoge 28 historias singulares que resumen "las dificultades y el esfuerzo individual de algunos inmigrantes por integrarse en nuestra sociedad".
"Desde el Consell, a través de este tipo de iniciativas, queremos dar a conocer que los inmigrantes son personas con rostros, que tienen derechos y deberes desde el mismo momento que forman parte de nuestra sociedad, y no seres invisibles", señaló el titular de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco.
Ante estas situaciones, Blasco apostó por "impulsar políticas activas por la integración para que ellos conozcan nuestra forma de ser, nuestra historia, nuestras leyes y costumbres, y a la vez nosotros, como sociedad de acogida, favorecer también su voluntad por darse a conocer".
El conseller añadió que en los últimos diez años han llegado a la Comunidad, provenientes de otros países, "más de 800.000 personas que suman alrededor de 100 nacionalidades distintas y que suponen el 18% de la población valenciana". "Este trabajo ayuda a comprender mejor el hecho migratorio en la Comunidad y sirve como elemento de reflexión, para jóvenes y adultos, acerca de uno de los mayores retos de la sociedad actual", señaló.
'Los Rostros de la Integración II' es el segundo volumen de una publicación que "nace con el espíritu de poner rostro a algunos de los inmigrantes que están trabajando desde sus asociaciones por la integración de sus compatriotas" en territorio valenciano.
De mediadores interculturales a inmigrantes que llegaron a España en pateras, pasando por presidentes y responsables de asociaciones interculturales, funcionarios consulares y popes ortodoxos. Un amplio abanico de historias entrelazadas entre sí por los vínculos de la inmigración.
Fuente:El Mundo
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Manifiesto reivindicativo de las ONG
Una veintena de entidades, asociaciones y sindicatos han firmado un manifiesto en el que reclaman al Ayuntamiento de Vic la retirada de los criterios de empadronamiento anunciados considerándolos "ilegales", "gravemente discriminatorios" y que contradice el Pacto Nacional para la Inmigración. Además, las entidades han reclamado que se deje de criminalizar a las personas sólo por el origen, condición social o situación administrativa. También piden a las administraciones que intensifiquen las políticas a favor de la igualdad de oportunidades, y que cuenten con el apoyo y opinión de las ONG que conocen mejor la realidad de las personas inmigrantes.
Organizaciones en defensa de los derechos de las personas extranjeras como Movimiento contra la Intolerancia pide al ejecutivo español que actúe ante un caso de discriminación y si no fuera así, se llevaría el caso delante de la fiscalía de delitos de odio y discriminación, una herramienta pionera creada en Cataluña en junio de 2007 que persigue los delitos con móviles racistas, sexistas o de intolerancia.
Tal vez es el momento de volver a revisar la Ley de Extranjería 4/2000 pese a la última reforma del 11 de diciembre de 2009, tratándose de la cuarta en los últimos diez años. Aunque ya señalaban algunas entidades como ACCEM la limitación al ejercicio de algunos derechos como la reagrupación familiar sólo para mayores de 65 años, el acceso a las ayudas en materia de vivienda para residentes de larga duración y el acceso a la educación y ayudas sólo para residentes extranjeros.
Fuentes:Europa Press, 20 Minutos, Movimiento contra la IntoleranciaEtiquetas: Noticias | 0 comentarios | |
Ante la magnitud de la tragedia del terremoto de Haití del pasado 12 de enero y de las sucesivas réplicas, incluida la de hoy de 6’1 grados de intensidad, el Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE), del que el Ayuntamiento de
Las noticias del desastre y sus consecuencias están provocando en la sociedad de la Comunidad Valenciana una muestra extraordinaria de solidaridad, siendo numerosos los ciudadanos que han manifestado el deseo de realizar aportaciones económicas destinadas a las víctimas.
Con el fin de recaudar fondos para minimizar el impacto inmediato del desastre y contribuir a la reconstrucción del país, el CAHE ha habilitado dos cuentas bancarias en las entidades Bancaja y CAM, donde particulares e instituciones pueden realizar ingresos.
Dichos ingresos serán canalizados a través de las organizaciones y entidades que actualmente están trabajando en el terreno con socios haitianos y que ya se han puesto en contacto con el CAHE para manifestar las necesidades inmediatas.
Os rogamos encarecidamente un gesto de solidaridad y acompañamiento a las víctimas, os invitamos a realizar aportaciones así como a informar a familiares, amigos y vecinos de esta posibilidad de colaboración.
Las cuentas bancarias denominadas Terremoto Haití. Comité Permanente de Acción Humanitaria de la C.V. son las siguientes
· Bancaja: 2077/0735/80/3100199054
· Caja de Ahorros del Mediterráneo: 2090/0340/24/0200124229
MUCHAS GRACIAS
Programa de Cooperación de la Concejalía de Acción Social
del Ayuntamiento de Alicante
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lunes, 18 de enero de 2010
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viernes, 15 de enero de 2010
Autor: Miguel Pajares
Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2009 es un análisis sobre la situación del mercado de trabajo español en 2008, en el actual contexto de crisis económica y de cómo ésta afecta a la población inmigrante.
Como fuentes utilizadas en este y anteriores informes, hay que añadir la Encuesta Nacional de Inmigrantes, además de señalar como novedad el trabajo de campo desarrollado en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, cuyo objetivo ha sido investigar determinados efectos del desempleo, la recolocación de los parados y el retorno que se está produciendo hacia los países de origen de la inmigración.
El libro se ha dividido en siete capítulos, analizando la caída del empleo por sectores y la influencia que ha supuesto en la movilidad laboral. Se dedica un capítulo a la recolocación, siendo la formación la mejor vía para conseguirlo. El último capítulo se dedica al retorno, con tendencia creciente en el contexto de crisis, estudiando nuevas fórmulas de retorno asistido.
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Dirigida por Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver, el Anuario de Inmigración en España, edición 2009 ofrece un retrato multidisciplinar sobre la situación de la inmigración en España. Bajo el título “La inmigración en tiempos de crisis”, la publicación presenta quince artículos que, desde perspectivas distintas como la jurídica, económica y sociológica, analizan los principales temas vinculados al fenómeno migratorio en España.
Las consecuencias de la actual crisis económica mundial sobre los flujos migratorios en España y sobre las políticas que tienen por objeto el fenómeno migratorio son el eje central del Anuario, que ofrece un enfoque multidisciplinar de carácter sociológico, económico y jurídico. En la edición de 2009 se examinan, además, la reforma de la ley de extranjería y las dinámicas más recientes de los flujos migratorios de carácter laboral entre otros temas.
Artículos de:
Eliseo Aja, catedrático de la Universidad de Barcelona
Joaquín Arango, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
Josep Oliver Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona
Carmen Alemán, catedrática de E.U. Trabajo Social y Servicios Sociales en la UNED
Héctor Cebolla Boado, profesor de Estructura Social en la UNED
Andreu Domingo i Valls, subdirector del Centro de Estudios Demográficos de la Universitat Autònoma de Barcelona
Joaquín Recaño Valverde, profesor titular del Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador asociado del Centro de Estudios Demográficos (CED)
Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid
María Díaz Crego, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá
Jean-Pierre Garson, director del Departamento de Migración Internacional de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Jean-Christophe Dumont, economista de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE
Guillem López i Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Consejero del Banco de España
Gabriel Ferragut Ensenyat, investigador del Centro Especial de Investigación en Economía y Salud (CRES-UPF)
José Antonio Montilla, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada
José Luis Rodríguez Candela, profesor asociado en el Área de Derecho Penal de la Universidad de Málaga
Andreu Olesti Rayo, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona
Pablo Santolaya Machetti, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá. Director del Grupo de Investigación de Extranjería, Inmigración y Asilo de la UAH
Ignacio García Vitoria, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid
Pablo Vázquez, director ejecutivo y director Cátedra de Inmigración de FEDEA
Mario Alloza, analista de investigación en FEDEA
Brindusa Anghel, analista de investigación en FEDEA
Coeditado por CIDOB, Diputación de Barcelona, Fundació Jaume Bofill, Fundación José Ortega y Gasset y Unicaja
284 págs.
Edición: Castellano
ISSN: 1888-251X
Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver (eds.)
Fecha de publicación: 01/2010
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Ahora, la mayoría de gobierno de Vic abre fuego contra el eslabón más débil: el inmigrante ilegal. Dado que Vic es el Ayuntamiento de Cataluña con mayor representación de la plataforma xenófoba que lidera Josep Anglada, la correlación es inevitable. La presencia de Anglada ha forzado a los ediles de la mayoría a cruzar la línea roja. Mal precedente. Sobre todo a la vista de la débil reacción de las direcciones de los tres partidos catalanes implicados. Ninguno de ellos ha pedido explicaciones a sus ediles, ninguno de ellos les ha recordado los principios democráticos básicos. Ha sido el ministro Corbacho, nada sospechoso de buenismo, que es la etiqueta descalificadora que utilizan aquellos que se sienten incomodados por los que tienen un prejuicio favorable a los perdedores, el que les ha advertido de la impropiedad de su gesto.
Pero si pésima es la decisión, peores son los argumentos. El alcalde de Vic ha centrado su argumentación en la legalidad de lo hecho. Es una cómoda reacción que se repite cada vez que alguien toma una decisión discutible. La legalidad se utiliza como argumento definitivo para eludir el debate sobre la legitimidad o la oportunidad política de la iniciativa o sobre la significación moral de la misma. Se olvida deliberadamente que una cosa puede ser legal pero inaceptable desde criterios democráticos. La consagración del principio que dice que la moral es la ley es la mejor demostración del triunfo absoluto del interés privado sobre cualquier idea de interés general o de bien común.
Me da absolutamente igual que sea legal o no la decisión del Ayuntamiento de Vic. Me parece igual de repugnante. En una sociedad en que la igualdad se ha convertido en una quimera, al inmigrante ilegal -esta terrible figura que niega la condición humana a una parte de los que habitan entre nosotros- sólo le quedaba una forma de reconocimiento público, un primer esbozo de ciudadanía: figurar en el padrón. Era la única posibilidad de ser algo más que nadie: tener, por lo menos, el nombre reconocido en la lista de los habitantes de la ciudad. Primera y tibia promesa de una futura ciudadanía y puerta de acceso a la más elemental atención: la sanitaria.
Si precario es el argumento legal, más grave es otro argumento que ha sonado estos días: el económico. Negar el derecho a la asistencia básica a los ilegales como una forma de reducir gastos. Me he acordado de un taxista norteamericano que me justificó la pena de muerte por el dinero que se ahorraba al Estado al no tener que mantener al condenado.
Si la presencia de la ultraderecha en un municipio lleva a los representantes de estos tres partidos catalanes a tan penoso seguidismo, ¿qué ocurrirá en las próximas elecciones autonómicas en que Anglada ha anunciado su intención de aspirar a conseguir presencia parlamentaria? El mimetismo de la izquierda en materia de inmigración, fruto del miedo a tener una política propia que defienda por encima de toda la dignidad de las personas, es realmente preocupante. Ahí están las vallas de Ceuta y Melilla y las leyes de extranjería como permanentes testigos de acusación contra Zapatero y su Gobierno.
Hay, sin embargo, un atenuante para los ediles de Vic. Ahora que ya sabemos que los flujos migratorios siguen los impulsos del mercado y que el discurso de la avalancha es un recurso demagógico que no se sostiene, queda más claro que nunca que los problemas derivados de la inmigración, que son en buena parte de convivencia, sólo se pueden resolver desde la micropolítica, es decir desde el trato casi individualizado que sólo puede ofrecer la política local. Y ningún Gobierno ha dado a los municipios el soporte en dinero, autoridad y recursos que requiere afrontar esta tarea crucial. Si no se dota debidamente a los ayuntamientos, otros pueden perder los papeles como los ediles de Vic.
Más:
La Europa suicida por Lluís BassetsEtiquetas: Noticias | 0 comentarios | |
martes, 12 de enero de 2010
¿Qué PueDo HaCer yo?
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lunes, 11 de enero de 2010
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domingo, 10 de enero de 2010
En España y en Cataluña no tenemos Liga Norte. Hay partidos de corte populista, como Plataforma per Catalunya -que en las pasadas elecciones municipales fue la segunda fuerza política en Vic-, que propugnan drásticas medidas contra la inmigración. Hay también una serie de partidos convencionales y presuntamente serios que hacen suyos los postulados de la formación de Josep Anglada, como si quisieran participar del banquete electoral xenófobo. Y no dudan en revestir de decisión sesuda una propuesta realizada por la propia Plataforma en 2003.
En este sentido, hace unos días el tripartito integrado por CiU, el PSC y Esquerra Republicana ha decidido que en Vic no se empadronará a ningún inmigrante que no tenga los papeles en regla. Se trata de una medida que vulnera la Ley de Extranjería (queda inaplicable el criterio de arraigo), la Ley de Bases de Régimen Local y los acuerdos tomados por la Federación y la Asociación de Municipios de Cataluña, y que ataca la razón básica de la idea de padrón: trazar políticas a partir de las necesidades de los habitantes de un municipio. Esa decisión tiene como efecto inmediato que los inmigrantes en situación irregular residentes en Vic acaben empadronándose en las localidades vecinas que no muestren esa rigidez, lo que adultera la idea primigenia del padrón. Además, y no es lo menos importante, se vulneran los más elementales derechos de las personas, el acceso a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales.
La medida adoptada por el Ayuntamiento es un síntoma preocupante de la transversalidad de la xenofobia, una contaminación que afecta a derecha y a izquierda. Los peores discursos xenófobos no son siempre coto de la derecha y suelen crecer y recibir abono en zonas y barrios que hace 30 años estaban poblados por recién llegados, es decir, feudos teóricos de voto progresista. La crisis económica ha convertido en prueba de cargo el color de la piel o la procedencia geográfica de la persona, cuando el haber nacido en un territorio es una mera circunstancia y en ningún caso un mérito.
Pero la mayoría de los partidos sucumben a las pasiones de su electorado, acaban asumiendo postulados excluyentes y, de esta forma, incuban el huevo de la serpiente. Lo peor es que muy pocos lo reconocen. Se esgrime el realismo como argumento, cuando lo que se practica es la táctica del avestruz y se ignora la legislación aprobada por la soberanía popular. Los inmigrantes tienen, como el resto de los ciudadanos, derechos y deberes.
Vic ha llegado a un 23% de inmigración -de una población de casi 40.000 habitantes-, pero hay formas acreditadas de actuar al margen de la doctrina que emana de la Plataforma de Anglada. Así lo demostró la práctica del anterior alcalde, el democristiano Jacint Codina. La capital de Osona se convirtió en pionera en cómo abordar los asuntos derivados de la llegada de extranjeros. Codina propició que los alumnos inmigrantes se repartieran por todas las escuelas, ya fueran públicas o privadas concertadas, con el fin de acabar con los guetos.
Gobernar es tomar medidas a veces en contra de la opinión de buena parte de la ciudadanía. Es arriesgar y trabajar por la convivencia y la cohesión social. Pero la de Codina es una etapa definitivamente clausurada tanto por su partido (UDC) como por su federación (CiU). Ahora el péndulo está en el otro lado, rozando fatalmente la xenofobia.
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