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Las turbulencias económicas han provocado un enorme deterioro en derechos sociales que se creían garantizados. El Consejo de Europa ha detectado importantes retrocesos desde el inicio de la crisis, particularmente en España. Este organismo, encargado de velar por los derechos humanos en 47 países del continente, juzga ilegal la decisión de excluir a los extranjeros sin papeles de la sanidad española. “La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”, concluye un informe sobre derechos sociales divulgado ayer.
El texto tacha de regresivo el decreto aprobado por el Ejecutivo español en agosto de 2012 que cerraba las puertas de la sanidad a los inmigrantes irregulares a excepción de niños, embarazadas y urgencias. Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, tiene claro que esta evaluación considera la ley española contraria al derecho europeo: “No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la doctrina del Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional deberá tomarla en consideración de manera determinante [al fallar sobre el recurso presentado contra la decisión del Gobierno”, afirma.

España es uno de los 43 países europeos que han firmado la Carta Social Europea, que recoge el derecho a la salud y que el comité encargado de interpretarlo extiende a todos los ciudadanos, con independencia de su estatus legal. El Ejecutivo español considera que, al dar acceso a las urgencias, el derecho queda salvaguardado. Pierre Verbeeren, director general de Médicos del Mundo en Bélgica, lo niega. “Las urgencias no bastan para garantizar el derecho porque, además, cada país tiene una concepción distinta sobre qué es una urgencia”, argumenta.

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