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El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha reclamado a la Delegación del Gobierno de Valencia y a la Subdelegación de Alicante que frenen las deportaciones de inmigrantes irregulares. La institución considera que las expulsiones son desproporcionadas y considera que las estancias irregulares deben sancionarse con una multa. El departamento de Múgica ha censurado la política de expulsiones indiscriminadas en un momento en el que casi se han doblado el número de repatriaciones en Valencia.
La institución advierte en su informe anual que está recibiendo numerosas quejas por "la falta de proporcionalidad entre la sanción de expulsión impuesta y la infracción cometida, la mera estancia irregular".
La oficina del Defensor ha recordado al Ministerio del Interior la jurisprudencia establecida por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que establece que la sanción principal frente a la residencia irregular debe ser la multa.
De hecho, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras -según recoge el informe anual de Enrique Múgica- estableció en abril de 2007 que los inmigrantes con residencia irregular debían ser sancionados con una multa y no con la expulsión. Las únicas excepciones eran que los extranjeros no dispusieran de la documentación que permitiera acreditar su identidad o filiación y que tuvieran detenciones policiales o sanciones administrativas previas.
Sin embargo, el número de inmigrantes expulsados de Valencia durante 2007 fue de 554 y en 2008 la cifra subió a 946. Los incrementos más pronunciados en las expulsiones se produjeron en las comisarías de Mislata (de una en 2007 a 26 el año siguiente) y Sagunto (de 4 a 47). La presión para incrementar los arrestos -promovida por el anterior jefe superior de policía, Carlos Rubio- provocó un profundo malestar entre los agentes, que llegaron a confesar que realizaban algunos arrestos "al borde de la legalidad".
Las detenciones masivas de inmigrantes irregulares originaron a principios de año la reacción de las ONG, hasta el punto de que una de ellas editó un folleto en el que instruía a los inmigrantes sin papeles sobre la forma de evitar su identificación, su detención y su repatriación. La principal recomendación era que no llevaran el pasaporte encima para evitar su filiación. Las ONG, al igual que el Defensor, siempre han defendido que la estancia irregular es una falta administrativa y no un delito.

Límites a los traslados
El Defensor del Pueblo apunta en su informe que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ha aceptado sus recomendaciones para no vulnerar los derechos de los inmigrantes durante los traslados en avión o barco. Interior ha prohibido que se tape las vías respiratorias a los detenidos. El cambio se produce después de que un inmigrante perdiera la vida en 2007 durante una repatriación en un vuelo que tuvo que aterrizar en El Altet.

fuente:RAMÓN FERRANDO.Diario Información -03.06-2009