Casos europeos
martes, 15 de septiembre de 2009
Una ley de 2007 autorizó a verificar el parentesco en la reagrupación familiar
ANTONIO JIMÉNEZ BARCA - París
El Gobierno francés aparca una de sus medidas más polémicas: la prueba de ADN a los inmigrantes que solicitan el reagrupamiento familiar y a los que es difícil probar la filiación por ausencia de censos y pruebas documentales fiables. El ministro de Inmigración, Eric Besson, aseguró el domingo que renunciaba a la aplicación de esta ley debido a que no cuenta con los instrumentos necesarios como para que se aplique con las medidas pertinentes.
"Sólo la madre puede solicitar este test a fin de que quede probado el reagrupamiento familiar, y sólo voluntariamente", explicó Besson, que añadió, "pero la ley especifica también que es necesario garantizar la confidencialidad, la seguridad y el hecho de que de ninguna manera se creen ficheros". Y agregó: "Nuestros consulados no están equipados con el material necesario como para garantizar esto". Por eso, el ministro de Inmigración no firmará el decreto de aplicación de la citada ley, que, por tanto, quedará arrumbada en el limbo de lo inconcreto hasta nueva orden. De esta manera, el Gobierno francés echa para atrás una medida aprobada en octubre de 2007, muy contestada por toda la izquierda (y parte de la derecha), por considerarla inconstitucional. El día de la votación, cuatro diputados de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido del presidente Nicolas Sarkozy, se manifestaron en contra y 21 se abstuvieron. La ex ministra Simone Veil, miembro del Consejo Constitucional y que dio su apoyo al candidato Sarkozy en 2007, se opuso frontalmente a este tipo de pruebas. De hecho, tanto la Asamblea Nacional como el Senado -y el Consejo Constitucional meses después- añadieron a la ley salvedades y prevenciones. Recordando esto, Besson explicó: "Yo no voy a firmar el decreto de aplicación por una razón muy simple: los legisladores aportaron tantas obligaciones que esa ley no es aplicable dentro del Estado". Ya en febrero, pocos días después de haber sido nombrado ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Besson, un notable dirigente socialista con proyección antes de abandonar las filas del PS dando un portazo para pasarse al bando enemigo y convertirse en correligionario de Sarkozy, tuvo que tragarse ese sapo en forma de pregunta sobre si estaba de acuerdo con las pruebas de ADN o no. Para un ex militante de la izquierda responder sobre ese espinoso asunto se antojaba complicado. Pero ya entonces, Besson afirmó: "Mi intuición, de cualquier manera, es que esa ley se podrá aplicar poco debido a las garantías que arrastra".Sigue leyendo..
La ONU condena a Italia por devolver por la fuerza a Libia a los 'sin papeles'
La Marina ha entregado ya un millar de africanos a las autoridades de Trípoli
MIGUEL MORA - Roma
El pasado jueves, tras la cumbre bilateral con España, Silvio Berlusconi afirmó que Italia no viola los derechos humanos de los inmigrantes y sigue siendo un país "cristiano y de acogida". La Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, la juez surafricana Navi Pillay, sin embargo, lo ve de otro modo, y hoy denunciará en Ginebra que la devolución automática de inmigrantes a Libia puesta en marcha por el Gobierno italiano viola la ley internacional y los derechos humanos.
El discurso de Pillay, que será leído hoy en la apertura de la 12ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y fue anticipado ayer en Ginebra, afirma además que, tras el acuerdo bilateral firmado con Trípoli, Roma ha "abandonado y expulsado sin verificar de manera adecuada si se trata de refugiados de guerra o de persecución" a cientos de inmigrantes africanos. La ONU había sido muy crítica en el pasado con el Gobierno italiano, pero ahora sube el tono de la amonestación: "Las autoridades rechazan a los inmigrantes dejándoles afrontar riesgos y peligros, cuando no la muerte, como si estuvieran rechazando barcos cargados de residuos peligrosos". El informe reprocha también la introducción del delito de inmigración clandestina, y pide que cese cuanto antes "la detención de los emigrantes irregulares, su criminalización y los malos tratos en el contexto del control de fronteras", ya que, añade, "partiendo del presupuesto de que las embarcaciones en apuros transportan a inmigrantes, otras naves las sobrepasan ignorando las peticiones de ayuda, en violación del derecho internacional". El Alto Comisariado recuerda que esa situación se vive no solo en el Mediterráneo, sino también en el golfo de Adén, el Caribe y el Índico. Pillay es también muy crítica con la discriminación de los gitanos en 17 países de la Unión Europea, entre ellos España. En Italia, explica, la población de etnia romaní "sufre un trato degradante y existen abundantes pruebas de segregación". Además, cita a Hungría, Eslovaquia y Bulgaria como los países donde se les trata peor. "Conozco los esfuerzos de buena fe para afrontar este problema, pero se debe hacer más para poner fin a esa discriminación", escribe Pillay.Sigue leyendo...
si piensas en los ocupantes de esas pateras te dan pena y te toca el corazon ¡Son seres humanos, por Dios!Pero si se piensa en recibir a toda la inmigracion que venga s ponen los pelos de punta. A algunos les seduce una España ONG porque se ven de cooperantes (y hasta en los altares), pero otros se ven con cartilla de racionamiento ¿Son mejores? ¿Son peores? A lo mejor son realidades sociales o laborales. ¿No?