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Cáritas Española hizo público ayer en Madrid un informe sobre “La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas”, elaborado por el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas en el que, a partir de datos aportados por el 80 por ciento de las Cáritas Diocesanas de todo el país (54 de un total de 68), se analizan cuáles están siendo los efectos sociales de la crisis en las personas inmigrantes que son atendidas por los distintos programas y servicios de la Confederación en toda España.

El Informe aborda cuestiones como el alcance de las situaciones que están limitando el acceso de las personas inmigrantes atendidas por Cáritas en su acceso y ejercicio a derechos básicos (como trabajo, vivienda, salud, educación y entorno), así como las circunstancias y dificultades jurídicas con las que se encuentran al hacer frente a cuestiones como la reagrupación familiar, al arraigo y a las autorizaciones de residencia y trabajo. Asimismo, en el informe se analizan las actitudes y percepciones de la sociedad ante la inmigración, y la política social pública en materia de inmigración.

Como ha señalado el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, “consideramos muy oportuno este informe por varios motivos: la entrada en vigor hace poco más de un año de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX), que ha tenido consecuencias prácticas sobre la vida de los migrantes, sobre nuestra intervención y sobre la propia construcción social, así como el contexto económico y social de ajuste frente a la crisis, que ha convertido la inmigración en un asunto de discrepancia y conflicto”. Asimismo, se ha referido al “claro endurecimiento del discurso público en el ámbito político, tanto a nivel nacional como autonómico y local, junto a un recorte considerable en los últimos años en las partidas asignadas a temas de integración” y la consolidación de “una percepción social cada vez más negativa sobre el fenómeno de la inmigración, que refuerza una imagen del inmigrante como competidor”.

El Informe constata la presencia importante de inmigrantes en los servicios de Acogida y Atención primaria de Cáritas; en 2009, de las 786.273 personas atendidas, algo más de la mitad, unos 407.000, eran inmigrantes. Y un tercio de ellos, aproximadamente 150.000, se encuentran en situación administrativa irregular.

Constataciones del Informe

Entre las constataciones que recoge el Informe –y que fueron detalladas por Ana Abril, directora del Área de Desarrollo Social e Institucional-- se señalan las barreras con las que se encuentran a la hora de acceder al Padrón Municipal, en su mayoría motivadas por una dudosa interpretación de la legislación vigente que desvirtúa la propia naturaleza del Padrón. “Limitar el empadronamiento a los inmigrantes –se afirma-- supone de hecho restringir el acceso al resto de derechos sociales (salud, educación, vivienda y empleo), e impedir la integración económica, política y social de estas personas en nuestra sociedad”.

El desempleo y los problemas de precarización y explotación laboral es otra de las “sangrías” de la situación social de los inmigrantes atendidos por Cáritas. De hecho, el 60 por ciento de los inmigrantes que acuden a Cáritas están en paro. Y los que tienen un puesto de trabajo lo hacen en empleos con una mayor tasa de temporalidad, en sectores de actividad más precarios y mal remunerados. Además, se están multiplicando las situaciones de explotación laboral, sin contrato ni seguridad social que sufren los inmigrantes que recurren a la economía sumergida como única vía para sobrevivir.

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