Más de 115 inmigrantes residentes en Alicante y Valencia se acogen al plan de retorno voluntario
lunes, 22 de diciembre de 2008
22.12.08 -E. P.| la Verdad
Sólo 130 trabajadores extranjeros no comunitarios en paro han solicitado el abono anticipado y acumulado de la prestación por desempleo para regresar a su país de origen en el primer mes de vigencia del Plan de Retorno Voluntario puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo. No obstante, Madrid es la provincia con más número de solicitudes recibidas de toda España, seguido de Murcia (100), Barcelona (73), Alicante (63) y Valencia (56).
En todo el país, se han acogido 767 inmigrantes a esta iniciativa. Trabajo ha tramitado 300 solicitudes y, de ellas, a 210 ya se les ha abonado la prestación total por paro. La cuantía media reconocida y pagada es de 9.670 euros. De estos beneficiarios que ya han cobrado la prestación, 77 son de origen ecuatoriano, otros 44 colombianos y 24 más argentinos. La mayoría son hombres (180 sobre 30 mujeres). Por sectores, el 37% pertenecen al sector de la construcción, un 31% a actividades inmobiliarias y a servicios a empresas (incluido servicio doméstico), el 9% al comercio y el 8%, a la hostelería.
En cuanto a los más de 700 trabajadores no comunitarios que han solicitado volver a su país en el primer mes del plan de retorno, la mayor parte son de Ecuador (318 solicitantes), por delante de los originarios de Colombia (129 trabajadores) y Argentina (105).
El Ministerio que dirige Celestino Corbacho, tiene como objetivo facilitar el retorno a sus países de origen de aquellos trabajadores desempleados que lo deseen y reúnan los requisitos para ello, además de favorecer el desarrollo de los países mediante el regreso de personas cualificadas.
Los extranjeros no comunitarios que se encuentren en paro podrán recibir toda la prestación de desempleo a la que tienen derecho en dos plazos. El primero, del 40% del total, en España. El otro 60% lo recibirían al mes siguiente, ya en su país de origen. Para acceder a este dinero, el inmigrante debe renunciar a sus permisos de residencia y trabajo. Asimismo, debe comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes. Pasado ese tiempo, puede volver a solicitar la entrada para trabajar, pero el Gobierno no garantiza en ningún caso ese regreso.
Si la petición se produce a los cinco años de haberse acogido a este retorno, el Gobierno central se compromete a darle prioridad en los programas de contratación en origen. Asimismo, podrá recuperar la condición administrativa que tenía antes de su repatriación. Si cuando se fue tenía residencia permanente, al volver no recibirá un permiso inicial, sino permanente.
En cambio, el Programa de Retorno Voluntario de la Comunidad de Madrid es bastante distinto al estatal en las condiciones, aunque los fines son parecidos. Así, de dirige a cualquier tipo de inmigrante, comunitario o no, en estado de vulnerabilidad social.
Entre los requisitos, se exige un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento en el que reside o un informe social de una Organización No Gubernamental (ONG) especializada acompañado de un informe de derivación municipal; así como la cumplimentación del impreso de solicitud, la declaración de voluntariedad de retorno y la estancia mínima de seis meses continuados en España.
Sólo 130 trabajadores extranjeros no comunitarios en paro han solicitado el abono anticipado y acumulado de la prestación por desempleo para regresar a su país de origen en el primer mes de vigencia del Plan de Retorno Voluntario puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo. No obstante, Madrid es la provincia con más número de solicitudes recibidas de toda España, seguido de Murcia (100), Barcelona (73), Alicante (63) y Valencia (56).
En todo el país, se han acogido 767 inmigrantes a esta iniciativa. Trabajo ha tramitado 300 solicitudes y, de ellas, a 210 ya se les ha abonado la prestación total por paro. La cuantía media reconocida y pagada es de 9.670 euros. De estos beneficiarios que ya han cobrado la prestación, 77 son de origen ecuatoriano, otros 44 colombianos y 24 más argentinos. La mayoría son hombres (180 sobre 30 mujeres). Por sectores, el 37% pertenecen al sector de la construcción, un 31% a actividades inmobiliarias y a servicios a empresas (incluido servicio doméstico), el 9% al comercio y el 8%, a la hostelería.
En cuanto a los más de 700 trabajadores no comunitarios que han solicitado volver a su país en el primer mes del plan de retorno, la mayor parte son de Ecuador (318 solicitantes), por delante de los originarios de Colombia (129 trabajadores) y Argentina (105).
El Ministerio que dirige Celestino Corbacho, tiene como objetivo facilitar el retorno a sus países de origen de aquellos trabajadores desempleados que lo deseen y reúnan los requisitos para ello, además de favorecer el desarrollo de los países mediante el regreso de personas cualificadas.
Los extranjeros no comunitarios que se encuentren en paro podrán recibir toda la prestación de desempleo a la que tienen derecho en dos plazos. El primero, del 40% del total, en España. El otro 60% lo recibirían al mes siguiente, ya en su país de origen. Para acceder a este dinero, el inmigrante debe renunciar a sus permisos de residencia y trabajo. Asimismo, debe comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes. Pasado ese tiempo, puede volver a solicitar la entrada para trabajar, pero el Gobierno no garantiza en ningún caso ese regreso.
Si la petición se produce a los cinco años de haberse acogido a este retorno, el Gobierno central se compromete a darle prioridad en los programas de contratación en origen. Asimismo, podrá recuperar la condición administrativa que tenía antes de su repatriación. Si cuando se fue tenía residencia permanente, al volver no recibirá un permiso inicial, sino permanente.
En cambio, el Programa de Retorno Voluntario de la Comunidad de Madrid es bastante distinto al estatal en las condiciones, aunque los fines son parecidos. Así, de dirige a cualquier tipo de inmigrante, comunitario o no, en estado de vulnerabilidad social.
Entre los requisitos, se exige un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento en el que reside o un informe social de una Organización No Gubernamental (ONG) especializada acompañado de un informe de derivación municipal; así como la cumplimentación del impreso de solicitud, la declaración de voluntariedad de retorno y la estancia mínima de seis meses continuados en España.
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