CRECE LA OPOSICIÓN AL ENCIERRO DE INMIGRANTES POR NO ESTAR EN SITUACIÓN REGULAR

Dos muertes en un mes traen la existencia de los CIE a primera línea del debate público tras su reglamentación en 1999.

- Cuenta atrás para el cerrojazo de ’papeles’

La sucesión de dos fallecimientos bajo custodia ha traído a la actualidad mediática y política la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), dependencias donde se priva de libertad hasta 60 días a inmigrantes que no pueden demostrar su estancia regular en el Estado español. Una orden ministerial permitió en 1999 la apertura de estos centros (PDF) (nueve hasta la fecha) en el Estado español, si bien la reclusión de irregulares bajo un régimen separado existe desde 1985.

El 19 de diciembre moría en el CIE de Aluche (Madrid) la congoleña Samba Martine y el 6 de enero fallecía en el centro de Zona Franca (Barcelona) el joven de Guinea-Conakry Idrissa Diallo. En el primer caso, el motivo oficial de la muerte es una meningitis; en el segundo, un infarto.

“Llevo desde 2004 en colectivos de lucha contra los CIE y nunca había visto tanta atención de un medio”, dice Cristina, una activista barcelonesa, en referencia a la campaña abierta por El Periódico de Catalunya después de que se conociera que la muerte de Diallo, de 21 años, se produjo de noche, cuando los CIE no disponen de personal médico. Según los testimonios de sus cinco compañeros de celda, Diallo llevaba reclamando atención médica desde el día anterior por padecer fuertes dolores. La Policía Nacional lo niega y asegura que el joven sólo había pedido tratamiento días antes por una gripe.

A partir de aquí, El Periódico le dedicó al asunto cuatro portadas consecutivas, tres de ellas con foto, y llegó a abrir una campaña en la web Actuable para exigir al nuevo Gobierno del PP “el fin del limbo legal de los Centros de Internamiento de Extranjeros”. El CIE de Zona Franca se inauguró en 2006, y en su interior se habían producido ya otras dos muertes en circunstancias similares a las de Idrissa Diallo.

Una realidad más visible

Las denuncias sobre el carácter discriminatorio de los CIE aumentaron su incidencia pública desde el año 2008, con motivo de la conocida como “Directiva de la Vergüenza”, la reglamentación de la UE que permite a los países miembros recluir un máximo de 18 meses a personas sin papeles en espera de su deportación. Pese a que la campaña no pudo evitar que el Gobierno del PSOE aumentara el periodo de reclusión en el CIE de 40 a 60 días, en su marco sí se consiguió que se creara la figura de los juzgados de vigilancia de los CIE, y que determinadas asociaciones puedan realizar visitas de fiscalización a su interior.

Fue un juzgado de vigilancia, el de instrucción número 6 de Madrid, el que propinó en un auto un fuerte golpe a la dirección del CIE de Aluche tras la muerte de Samba Martine en diciembre. El auto, que fue difundido por la Cadena SER, hablaba de las condiciones de “hacinamiento” de este centro y hacía notar el hecho de que no cuenta con una habitación separada para atender a las personas enfermas. En similares términos se expresó el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), Rafael Ribó, ante el Parlamento catalán el 27 de diciembre para referirse al centro de Zona Franca, que todavía no ha visitado por carecer de competencias.

El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en la Policía Nacional, reaccionó a la noticia de la muerte con un comunicado en el que hacía suya la expresión “Guantánamos españoles” para referirse a los CIE y señalaba la “hipocresía” de los gobiernos del PSOE en materia de inmigración.

En respuesta a estas muertes varias asociaciones están tomando medidas legales por la posible actuación negligente en los CIE. En Barcelona, Papers per a Tothom y la asociación DAB se han dirigido al juzgado de instrucción número 5, encargado de la investigación del caso, para personarse como acusación popular.

En Madrid las organizaciones que realizan visitas periódicas de fiscalización al centro de Aluche esperan presentar dos denuncias complementarias. “Queremos saber cómo se actuó ante la enfermedad de Samba, si es que se actuó en algún sentido”, comenta Pablo Rodríguez, de la red Ferrocarril Clandestino.

Para Cristina, la activista barcelonesa, la campaña de El Periódico y el mayor interés por asuntos relacionados con la inmigración desde la existencia del 15M aumentan la necesidad de trabajo conjunto. Los grupos anti-CIE preparan una concentración frente a las delegaciones del Gobierno en Barcelona y Valencia a las 12 horas del viernes 20 de enero.

FUENTE:DIAGONALPERIODICO.NET

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