DiversAlacant - Encuentros Interculturales Ciudad de Alicante

JUAN JESÚS AZNÁREZ 11/04/2009

El drama del paro es doble entre los inmigrantes porque todos afrontan gastos en España, desde el alquiler o la compra de un piso hasta la diaria manutención, y gastos en origen, donde millones de parientes dependen de sus remesas de dinero para comer, escolarizarse o dormir bajo techo. La recesión agravó el trance al reducir el envío de remesas desde España, que cayeron el año pasado hasta los 7.840 millones de euros desde los 8.445 millones de euros de 2007, según el Banco de España. La disminución fue especialmente dura en Bolivia, Ecuador y Colombia, y este año será mucho más pronunciada porque la destrucción de empleo continúa.

Otro ecuatoriano abatido y triste relata su calvario en un banco de la calle de Oporto de Madrid. "Llevo siete años tratando de legalizarme y no me lo permiten. Me siento humillado", dice J. C., de 39 años, que no quiere ser identificado. "Ya me han rechazado dos solicitudes, pero sigo luchando". Los abusos cometidos con J. C., siempre a salto de mata entre los andamios y las cerrajerías, son frecuentes. "Si vienen los inspectores, les dices que me estás trabajando sólo por un día porque necesitas comer", le exigió un empleador. Su madre y hermano han vivido de los 250 euros mensuales enviados hasta finales de 2007, en que fue despedido definitivamente.

Paga 250 euros por una habitación, vive de las chapuzas y muestra una abultada carpeta de formularios, solicitudes y requerimientos administrativos. Paso a paso los cumple, pero el purgatorio lo está matando. Comenzó con 180 euros semanales en una constructora que quebró, y consiguió tajo después en una obra de Guadalajara hasta la inspección de Trabajo. "Me multaron a mí con 350 euros por estar trabajando... y el jefe me despidió". Detenido por la policía, ha dormido en los calabozos de comisaría, y renunció a la denuncia judicial en varias ocasiones porque temió la deportación. "Tengo un hijo de 18 años que nunca ha vivido conmigo, y soy la cabeza del hogar de mi madre y de mi hermano, de 22 años. Estoy un poco derrumbado, pero todavía tengo fuerzas".

La población inmigrante latinoamericana vive angustiada con la posibilidad de perder el piso, los ahorros, la educación de sus hijos y los sueños. El progresivo desplome de las remesas afecta a las sociedades que las necesitan, vapuleadas todas por la pobreza, la informalidad laboral y la ausencia de oportunidades. La mayoría las dedica a la comida, las ropas y el alojamiento, y el eventual sobrante es invertido en vivienda, pequeños negocios, educación y salud, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A 8.543 kilómetros de Madrid, en Quito, Eulalia, madre de J. C., implora ayuda, en una conversación telefónica. "Sufro mucho, demasiado, porque él ha sido nuestro apoyo desde allá. Me ha mandado siempre para la comidita, y ahorita tengo que luchar, lucho solita, pero como ya estoy con mi edad (56 años) no me quieren dar trabajo. Trabajo de lo que sea, lavando o limpiando". La situación económica es tristísima y todos malviven apretados. "Pero soy fuerte y mi hijo es como yo, decidido y valiente. Si usted, como señor periodista, pudiera ayudarle...", agrega Eulalia. "Y dos hijos separados: uno estudiando aquí y el otro allá sin verlo en casi ocho años".

¿Y cómo se apaña usted? "Pues una sobrina me prestó una casita y aquí vivo". La mujer sueña con un terreno donde sus dos hijos puedan edificar una casa "para que nadie les mande salir cuando yo muera". Quisiera el regreso del hijo, pero se lo piensa dos veces, no está tan segura de que sea lo mejor porque "aquí tampoco hay trabajo". Antonio, de 22 años, hermano de J. C., estudiante de educación física en Quito, deberá ponerse a trabajar. "Estamos muy preocupados por él. Ha sido como un padre para mí, pero yo le diría que volviera".

El paro y la incertidumbre son corrosivos, según Juana Molano, psicóloga de la asociación humanitaria AESCO (América España Solidaridad y Cooperación), que ayuda a inmigrantes atormentados por la crisis y las deudas. "Todo eso genera muchos conflictos y tensiones internas, y hay familias, matrimonios y parejas que no han resistido y se rompieron. Es muy duro no poder cumplir con los proyectos que tenían al llegar a España". Y quienes somatizan el estrés y la ansiedad caen en el insomnio, la intolerancia y la agresividad. "A veces, las rupturas matrimoniales llevan a las situaciones de personas que se quedan solas con el compromiso del piso, de los hijos y de todo. Y la otra que ha vuelto a su país", dice Molano.

Las mujeres sin hijos pequeños a su cargo pueden encontrar trabajo en el servicio doméstico o en el cuarto de fregonas de la hostelería, pero los hombres no levantan cabeza y se desesperan. "Suelen venir a la consulta a informarse, y es muy valioso para ellos poder expresar en palabras sus sentimientos de angustia ante una persona que les escucha. Hacemos un seguimiento, un acompañamiento caso por caso, para ayudarles en lo que podamos, desde la búsqueda de comedores hasta hablar con los hijos de la situación", dice la psicóloga. El dilema de Diomedes Carrión, de 40 años, es arduo: lo echaron del taller de pintura cuando enfermó de gravedad. Recibe 650 euros de la Seguridad Social, y su esposa, limpiadora, suma otros seiscientos, pero un hijo de 15 meses limita la libertad laboral de la madre. Una hipoteca de 240.000 euros absorbe 1.500 euros mensuales. Las facturas del gas, electricidad, agua, etcétera, son casi impagables. Este mes se declarará insolvente y en mora.

"Sigo de baja médica. Mi jefe me despidió por enfermo. Antes mandaba a mis hijos 400 dólares mensuales, pero ya no puedo", dice. "La señora que cuidaba a mis hijos ya no quiere cuidármelos porque no he hecho un envío desde que caí enfermo hace ocho meses. Ahora me los cuida un hermano de mi señora, de favor". Diomedes tiene la voz cansina, trágicamente monocorde: "Seguimos rebuscando y rebuscando, pero ya no tengo más. Voy vendiendo cosas que tengo, la radio o lo que sea. Cualquier cosita que puede vender, la vendo para poder comer".

El colombiano Arlex Guillermo Guerra, de 39 años, también las pasa canutas, pero el patrimonio acumulado durante años de trabajo a destajo, de sol a sol, limita los estragos de la crisis. Le iba bien, con contratos fijos y buenos ingresos, hasta su despido de una mensajería en septiembre del pasado año. Cobrará 850 euros de paro hasta septiembre próximo. Vive con su esposa, que gana otros 800 de limpiadora, y tres hijos de 15, 10 y 8 años. "En septiembre me ahogo con los colegios y los uniformes". Independientemente de los cuantiosos gastos fijos, el crédito hipotecario de 190.000 euros se lleva 1.000 euros mensuales. Sus padres y un sobrino dependen de sus transferencias a la ciudad de Pereira, en las estribaciones de la cordillera de los Andes. "Les enviaba 170 euros, pero lo he tenido que dejar en 70, para que el chico no se quede tirado en los estudios. Su calidad de vida ha caído porque allá 170 euros es dinero. Antes también les enviábamos ropa en cajas de veinte kilos, pero eso se terminó".

El carácter emprendedor e infatigable de Arlex Guillermo le permitió comprar una excavadora, necesitada de unos repuestos de mil euros que no puede comprar, y dos casas en Colombia. El alquiler de una de ellas, 140 euros mensuales, sufraga los gastos de sus padres. Desde Pereira, Juan David, de 20 años, el sobrino, estudiante de tercer año en el Instituto Agropecuario de Colombia, cuenta que ha debido apretarse el cinturón, limitar el uso de la moto y aceptar "que ya no tengo las mismas capacidades de siempre". "El dinero de mi tío era muy importante. El transporte se me ha dificultado, y también las prácticas en el campo, ya que hay que pagarlas", agrega. Juan David compaginará trabajos de temporero con la universidad. "De momento, para ahorrar en combustible me voy el lunes en moto a la universidad y me quedo a dormir tres días en casa de un amigo que vive cerca y me colabora. No pude pagar el semestre de la universidad, que son 500 euros, porque mi tío sólo me pudo mandar 300 y el resto hay que financiarlo. De entrada ya me están cobrando intereses".

También en paro, también colombianas, Karen Delgado, de 28, y su hermana, de 36, madre soltera con un hijo de ocho años y otro de diez meses, viven con lo puesto a la espera de que amaine la tormenta. Karen, que trabajó de camarera, teleoperadora, administrativa y de lo que hiciera falta, perdió la última ocupación en octubre. Ahora saca unos 300 euros mensuales de aquí y allí, y su hermana, los 900 del paro, pero sólo la guardería privada, al negarles la pública, y el alquiler de la vivienda cuestan más de 1.300 euros. Otras facturan suman otros 400. No les llega ni de lejos, y las remesas a su madre y otros familiares en Colombia, que oscilaban entre los 150 y 200 euros, son ya imposibles. "Llevamos mucho tiempo en el exterior, siete u ocho años, y siempre hemos enviado dinero todos los meses a Colombia, pero desde hace siete meses, ni un céntimo. ¿De dónde? Apenas podemos con los pagos y ya vamos atrasadas". Al otro lado del Atlántico, la madre de las dos jóvenes, María Figueroa, de 56 años, lo lamenta "porque ellas me mantenían y mandaban la platica para la comida, para los servicios, para el teléfono, y ahora ya no me pueden mandar. De ellas dependíamos mi nieto y otros dos hijos, que cuando pueden alquilan el carro (coche), porque acá tampoco hay trabajo". María alquiló la habitación que ellas dejaron cuando partieron hacia España. "Esa ayuda que ya no tengo me tiene enferma. A veces me pongo a llorar todo el día porque no sé qué hacer. Por mucho que haga, no consigo trabajo. Si no hay para los jóvenes, imagínese para mí, que ya soy vieja".

Leonardo Clavos, boliviano de Tarija, de 49 años, mecánico electricista, todavía es joven y animoso, pero tampoco encuentra faena desde que perdió la última, en agosto del pasado año, en una empresa de aire acondicionado. No cobra el paro porque, aunque está a punto de regularizarse, aún es ilegal. Cada mañana, el evangelista Clavos se encomienda al Altísimo. "Me pongo en las manos de Dios y luego recién continuo mi labor cotidiana". La rutina es encontrar algo a toda costa, y volverá a Tarija si fracasa. En España desde 2005, tiene un hijo en el Ejército. Con los ingresos del chaval y los de su mujer, en torno a los 1.500 euros, la familia apenas sobrevive y debió recortar hasta los 100 euros su remesa a la empobrecida Bolivia, donde tres hijos, de 29, 25 y 15 años, dependen de ella. "Antes mandaba 350, 500 o más de mil. Mis hijos tienen que entender que ya no puedo y tienen que rebuscar por allí, que es muy difícil", reconoce Clavos. ¿Le ayuda mucho la fe? "Sí, claro. Todo por el amor de Dios, con eso andamos". -

12/04/2009

En mi reciente estancia en París asistí a la exposición fotográfica de la novelista Carole Achache en el vestíbulo de la alcaldía del distrito undécimo de la capital: la de una cuarentena de manos anónimas con una breve, casi telegráfica, historia de las mujeres y hombres que firman o sostienen los expedientes de sus recursos de amparo contra la expulsión. Vidas colgantes de un hilo: el del impulso humano más noble, de una fraternidad condigna a la igualdad radical con nuestros semejantes cualesquiera que sean sus orígenes, etnia, cultura o religión. La pequeña asociación organizadora del acto es un hermoso ejemplo de ello: sus miembros asumen la defensa legal de los amenazados en su lucha silenciosa por la existencia en el país en donde se refugiaron huyendo de una lobreguez carente de perspectivas. La Red Educativa Sin Fronteras -tal es el nombre de la asociación- infringe a sabiendas la normativa que extiende hasta dos años el periodo de detención de los irregulares, reos del flagrante delito de aspirar a una vida mejor. Carole Achache me presentó a una de las familias pendientes del papeleo administrativo, en el limbo de la ilegalidad. Los "ilegales" -¿puede ser ilegal un ser humano?-, oriundos de la región marroquí de Uxda, hablaban correctamente el francés, y sus hijos seguían con éxito los cursos del año escolar. En el dédalo kafkiano de una burocracia ajena a sentimiento alguno, la mano hospitalaria que les conducía ante jueces, procuradores y abogados era la de alguien consciente de que facilitar alojamiento, comida o asistencia jurídica la sitúa al margen de las leyes vigentes en el ámbito de la casa común europea.

Quince días antes de este emotivo encuentro -conozco bien el mundo de los Beni Snasen, y la conversación con el matrimonio y sus hijos me conmovió- había vivido una experiencia similar en los invernaderos de los campos de Níjar, adonde fui con motivo del cincuentenario del librillo homónimo. Un vehículo de la asociación Almería Acoge nos guió -a mí y al equipo de televisión que me acompañaba- por los pasillos abiertos entre aquéllos hasta el modesto centro de asistencia a los inmigrantes edificado sobre las ruinas de una alquería como las que moteaban de blanco el paisaje, tan bello como árido, de hace medio siglo. Una construcción de una sola planta con duchas, sanitarios y una habitación con sillas y una mesa donde se imparten clases de español, sirve de punto de reunión para los magrebíes y subsaharianos varados, tras una azarosa y potencialmente mortal travesía, en aquel otro mar refulgente, en cuya superficie de plástico el sol reverbera y ciega la vista. A menos de un kilómetro di con unas casuchas abandonadas en las que se amadrigaban una docena de inmigrantes sin trabajo ni papeles a la espera improbable de una baraka que les redimiera de la fatalidad del destino. Desde la crisis y el ascenso imparable del número de operarios sin empleo, los empresarios agrícolas que se enriquecieron a costa de ellos actúan con mayor cautela. La nueva Ley de Extranjería castiga con multas de 500 a 10.000 euros a quienes no den de alta al trabajador extranjero en la Seguridad Social o incumplan las normas de la contratación laboral. Pero esta ley que sustituye la dictada por Aznar en 2001 -modificada posteriormente tras su derrota electoral- no establece diferencias, sino en el grado de la pena impuesta entre empresarios negreros y quienes, como Almería Acoge, obedece al imperativo ético de la hospitalidad. Sus voluntarios, como los de la pequeña asociación parisiense, profesan, no obstante, los principios formulados en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, unos principios de validez universal. El que la Unión Europea les vuelva la espalda como sucede desde hace algún tiempo, sobre todo desde el desplome financiero del casino global y el pinchazo de la monstruosa burbuja inmobiliaria, no es razón suficiente para renunciar a ellos: la ayuda a nuestros semejantes libres de toda culpa no es ni puede constituir delito alguno.

Escribo esto mientras leo a diario en la prensa cuanto acaece en las fronteras marítimas de nuestra Fortaleza. El bello y estremecedor testimonio de mi amigo Daniel Rondeau ('Boat people d'Aujord'hui', Le Monde, 26-3-2009), embajador francés en Malta, nos informa puntualmente de las incidencias de la travesía cruel de Sur a Norte de decenas de millares de mujeres, hombres y niños exangües que tienen la suerte de orillar en la isla, en Pantelaria o en las costas italianas -"obligados a trabajar para pagar su viaje, robados siempre, a veces abandonados a una muerte segura en pleno Sáhara y sujetos en cada etapa de su periplo a su extorsión por policías, aduaneros y traficantes"- para ser "acogidos" en un centro de retención y devueltos en la mayoría de los casos a sus países de origen. Con las actuales leyes, muchos pesqueros temen socorrerlos de un inminente naufragio por las complicaciones legales que ello acarrea y se limitan a señalar su presencia, a veces demasiado tarde, al Centro de Control Marítimo y Salvamento. La antigua y noble solidaridad resulta hoy conflictiva.

El retroceso cívico y social del Viejo Continente en los últimos años es un indicativo de los tiempos peores que nos aguardan si no tomamos la iniciativa de denunciarlo. El censo gitano de Berlusconi, azuzado por los clamores racistas de una jauría movilizada por la Camorra napolitana; el proyectado en Francia por Sarkozy, cuyo doble filo -menos proteccionista que discriminador- inquieta con razón a quienes guardan el recuerdo del impuesto por Vichy a los judíos; los cupos de expulsión de "irregulares" aplicados ya en Francia, Italia y en nuestro país, pese a los desmentidos oficiales, acrecientan los temores a una deriva xenófoba contra las etnias sospechosas de ser la causa de cuantos males nos abruman. Las pegatinas con el lema "español parado, inmigrante expulsado", de una inquietante Alianza Nacional que salpicaban las paredes de algunos barrios sevillanos resumen el sentimiento de rechazo y demonización de quienes emigraron como nosotros hace cincuenta años.

El manifiesto para la reforma de la ley, Salvemos la hospitalidad, promovido por Soledad Gallego-Díaz en su magnifico artículo de Opinión en estas mismas páginas (8-3-2009) merece el apoyo de todos. La solidaridad y el respeto de los derechos humanos no pueden ser delito ni infracción como lo fueron en un pasado difícil de olvidar. Vayamos a la raíz de los males: a los países expoliados por el colonialismo y las satrapías que le sucedieron. Habría que devolver allí los millones robados por sus cleptocracias y las nuestras, y evitar así el peaje de vida o de muerte de quienes convierten el Mediterráneo, como leí recientemente, en tumba abierta. La objeción de conciencia a una ley injusta es un derecho inalienable de todo ciudadano.

Recordaré por enésima vez las palabras de Sahrazad en las Mil y una noches, palabras cuya nítida desnudez desmonta las argucias de los Berlusconi que hoy medran y gobiernan: "El mundo es la casa de quienes carecen de ella".

CRISTINA CASTRO - Madrid - 10/03/2009 -REPORTAJE EL PAIS