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Dos alcaldes deciden tolerar la 'venta ilegal' por evitar conflictos mayores - Los comerciantes los denunciarán por "prevaricación"



La gestión de la inmigración se antoja como un complejísimo cubo de Rubik. Para cuadrar todas las piezas hay que ensayar varias soluciones, y no todas son compatibles. En ese dilema se han encontrado los alcaldes de las localidades tarraconenses de El Vendrell y Calafell, que se han visto obligados a poner sobre la balanza el estricto cumplimiento de la legalidad comercial y de la propiedad intelectual, por una parte, y el orden social y cívico, por la otra, al regularizar la venta ambulante de productos falsificados que ejercen inmigrantes, la mayoría sin papeles, y que se ha popularizado con el nombre de top manta.

La imagen se repite a diario. Inmigrantes que desmontan la manta de un tirón y cargan el fardo a cuestas huyendo de la policía. La escena es tan habitual en las grandes ciudades que la gente lo asimila a un engorro corriente, anecdótico y normal. Para los juristas que defienden la despenalización de la actividad, eso da una idea de que no existe ningún tipo de alarma social. Sin embargo, los comerciantes azuzan a los municipios, que deben enfrentarse a la afluencia masiva de manteros con menos recursos por la crisis, para perseguir a estos vendedores.

Los alcaldes de El Vendrell, Benet Jané, (CiU) y Calafell, Jordi Sánchez (PSC), pertenecen a partidos de enfrentado color político y con posturas distintas sobre la inmigración. Aun así, ambos se han rebelado para dejar de perseguir a estos vendedores ambulantes y, en su lugar, han regularizado esta actividad. Al hacerlo, han puesto sobre la mesa un enredo social de enorme complejidad: los inmigrantes que subsisten del top manta, en su mayoría extranjeros en situación irregular que mercadean con productos falsificados, son ya una marea en España.

Los dos Ayuntamientos han optado por una vía rápida que fuentes jurídicas consultadas califican de ilegal. El Vendrell emprendió hace meses la negociación con los vendedores después de acordarlo en una junta de gobierno, según fuentes municipales. El Consistorio no quería que se repitieran los incidentes registrados el pasado verano, cuando decenas de manteros se enfrentaron a pedradas con los agentes en reiteradas ocasiones. Esos episodios contaron incluso con la participación de los turistas, que llegaron a increpar a los policías por el continuo acoso a los inmigrantes.

FERRAN BALSELLS / LLUÍS PELLICER 13/08/2010 REPORTAJE: vida&artes EL PAÍS

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