Sin mezquitas en mi barrio

Miembros de la asociación marroquí reunidos en un local de la zona norte de Alicante

Los recelos hacia el islam y los intereses económicos frenan la apertura de nuevos oratorios musulmanes - La presión vecinal lleva a los ayuntamientos a limitar la libertad religiosa

JESÚS GARCÍA - Reportaje El País - 14/09/2009

Cuando un colectivo musulmán decide abrir una mezquita, los vecinos se sublevan y toman la calle para detener el proyecto. Con distintos grados y matices, ese mismo conflicto se ha repetido hasta 60 veces en España desde mediados de los noventa. La presión vecinal pone contra las cuerdas a los gobiernos municipales que, al paralizar algunos proyectos a fin de conseguir la buena convivencia, limitan la libertad religiosa de los 1,3 millones de musulmanes que habitan la península.

Los argumentos que esgrimen los vecinos para evitar que se instalen centros de culto islámicos en sus barrios son variopintos. Desde supuestas molestias por el "ruido", las "aglomeraciones" en la vía pública o la dificultad para aparcar, hasta las objeciones -en apariencia neutras- de carácter técnico, que alertan del "riesgo de incendio" de locales como en Anglès (Girona), ocurrido el pasado agosto. Pero, ¿cuáles son las razones profundas que hay tras lo que muchos consideran meras excusas? ¿Por qué cada vez que se abre un oratorio emerge un movimiento vecinal -espontáneo o alentado por sectores políticos- para detenerlo?

En España funcionan unos 650 centros de culto islámicos, según diversas estimaciones. Casi una tercera parte están en Cataluña, que cuenta con una vigorosa comunidad musulmana. Los conflictos vienen de lejos. En 1990, por primera vez, los vecinos recogieron firmas para frenar la mezquita de Vic. Y en 1999, los enfrentamientos callejeros entre vecinos en Ca n'Anglada, en Terrassa (de tintes claramente xenófobos) situaron el asunto de los oratorios en el centro de la agenda pública.

"Las protestas surgen de la misma forma. Alguien pide una licencia para abrir una mezquita y el movimiento nimby -acrónimo inglés que significa "no en mi patio trasero"- se pone en marcha, explica Juli Ponce Solé, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona. Jordi Moreras, sociólogo experto en el mundo islámico, coincide con él en que el "resurgimiento del orgullo del espacio propio en los barrios" lleva a los vecinos a intentar impedir que otros se instalen en su núcleo urbano; a lo sumo, aceptan su traslado al extrarradio o a polígonos industriales.

Ni el fenómeno nimby ni la pretendida islamofobia de parte de la sociedad española son suficientes para explicar el rechazo. "Hay opiniones individuales racistas, pero el núcleo del problema es que la gente asocia un oratorio con un equipamiento que pertenece a un grupo de exclusión social, el de los inmigrantes", precisa Ramón J. Moles, director del Centro de Investigación en Gobernanza de Riesgo. "Los oratorios se han instalado donde se ha podido y, a menudo, están infradotados", añade. Lo cierto es que pocos centros pueden considerarse mezquitas en toda regla desde un punto de vista arquitectónico. La inmensa mayoría están ubicadas en antiguos locales comerciales, garajes e incluso pisos. El primero de este tipo se inauguró en 1974, en un entresuelo de la avenida Meridiana de Barcelona.

La identificación entre musulmán e inmigrante conduce a los vecinos, aun de forma inconsciente, a otra reflexión: si se abre el oratorio, éste atraerá a más creyentes (pobres) al barrio, que entrará en un proceso de degradación. Las viviendas, en consecuencia, perderán valor. "Nadie quiere tener una mezquita debajo de su casa, lo mismo que un bar musical", tercia Félix Herrero, presidente de la Asociación Islámica Al Andalus de Málaga.

En opinión de Herrero, el "miedo a lo desconocido" también está en la base de los recelos. Y lo ilustra con una anécdota: hace cinco años, con motivo de la apertura de la mezquita de Málaga, una vecina llamó desesperada a una emisora de radio. Pidió al locutor que "hiciera algo" porque el barrio "se iba a llenar de barbudos". "Al final se echó a llorar y preguntó si estaban seguros de que los que frecuentaban el lugar no éramos terroristas", narra, divertido, Herrero.

Los oratorios, coinciden los expertos, se rigen por un principio de invisibilidad social. No hay minaretes ni llamadas a la oración. La gente no sabe lo que ocurre en su interior, sólo lo imagina, y ahí nace el recelo. La comunidad musulmana, insiste Herrero, puede hacer algo por evitarlo. "Hay que poner los letreros de las mezquitas en castellano para que la gente vea que son anuncios de trabajo y ofertas de clases". "Procuro que no se queden hablando en la calle al salir de la mezquita, para que no digan que ocupamos el espacio público", añade Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España.

En ocasiones, las comunidades han invitado a los vecinos a "visitar" las mezquitas. Pero persisten las dudas sobre la financiación: quién paga la mezquita y, por tanto, puede influir en su orientación doctrinal. Los expertos aclaran que, en el 90% de los casos, el dinero sale de la aportación voluntaria de los fieles, que en general tienen escaso poder adquisitivo. El 10% restante sí procede de donaciones de Gobiernos de otros países, en general a través de fundaciones.

Los conflictos no son de índole religiosa, sino de convivencia. Y, en no pocas ocasiones, son manipulados por los partidos políticos. "Son irresponsables. Usan un tema serio como éste en las campañas electorales para quitarse votos unos a otros", protesta Tatary.

Un ejemplo cristalino de esa postura es lo que ha ocurrido en Badalona (Barcelona) con la anunciada apertura del último oratorio, que está en obras. Los vecinos recogieron 3.000 firmas contra el centro azuzados por el Partido Popular. A ellos se ha sumado la campaña de la xenófoba Plataforma per Catalunya, que ha colgado un vídeo en YouTube con el explícito título de Al-Badalona 2014, en el que aparece el cántico del muecín sobre la fotografía de una mezquita inmensa. El mensaje "Aún estamos a tiempo de cambiar la historia", acompañado del sonido de las campanas de una iglesia católica, cierra la producción.

Los 60 conflictos, repartidos por todo el territorio, han tenido resoluciones muy distintas. En algunos casos, los musulmanes han abierto la mezquita y el conflicto se ha atenuado. Otras veces han tenido que desistir. La presión de los vecinos ha obligado a los ayuntamientos a ceder -a menudo, por temor a perder votos de los autóctonos que sí tienen derecho a ir a las urnas-, por lo que éstos han limitado, en la práctica, el disfrute de la libertad religiosa que consagra la Constitución, coinciden diversos expertos. En todo caso, unos se sienten perdedores y otros ganadores, lo que contribuye a destruir la convivencia y genera nuevos recelos, subrayan.

Los intereses del Gobierno local de turno no explican un fenómeno más complejo...

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Análisis JORDI MORERAS 14/09/2009
Sobre conflictos y complejidades
Nuestras sociedades multiculturales expresan sus disfunciones a través de conflictos complejos. Lo peor que podemos hacer es interpretarlos de manera simplista. Las polémicas en torno a la apertura de mezquitas son un ejemplo de ello. Son descritas en clave de problemas de convivencia en un mismo barrio entre autóctonos e inmigrantes. O se las vincula con las evidencias de esa islamofobia atávica que parece definir nuestra identidad nacional. Pero representan algo más que eso: son la prueba de la transformación y resimbolización del espacio público por parte de otras referencias culturales y religiosas. El impacto de esta dinámica sobre la emergencia de pertenencias locales, activamente potenciadas por las iniciativas municipales de recuperación del espacio urbano en las últimas décadas, ha generado expresiones de un particularismo militante reactivo ante presencias que son vistas como "no apropiadas". Botellón, prostitución y mezquitas, serían ejemplos -en su singularidad- de estos procesos de irritación social, que reclaman sean reubicados en otro lugar de la trama urbana.

El interrogante a plantear es qué futuro inmediato deseamos que tengan nuestros barrios y ciudades. Los actores políticos, como gestores de lo público, son responsables de proponer a sus habitantes esos modelos futuros. Los conflictos ponen a prueba ese ejercicio de imaginación. El problema que se perfila es que la actitud reactiva expresada por parte de la ciudadanía ante la apertura de una mezquita, es una andanada contra las propuestas de los consistorios para favorecer la inserción de la inmigración y la convivencia. La evidencia de que el "colchón social" -sobre el cual apoyar iniciativas políticas de inmigración- es cada vez más delgado, genera incomodidad a los gestores públicos. Que sus mensajes institucionales calen socialmente menos que la rumorología, que anuncia a ciencia cierta la complicidad de la alcaldía con la comunidad musulmana, es prueba de esta creciente desconexión, que plantea una crisis de credibilidad del discurso político.

De ahí se entiende la precaución exhibida por los poderes locales que han lidiado con esos conflictos, en un contexto de creciente presión social, política y mediática. La reciente aprobación en Cataluña de una ley sobre espacios de culto responde a una inquietud no confesada de evitar polémicas. Pero no hay que engañarse: la ley sólo es un instrumento de gestión de las condiciones y ubicación de los oratorios. Su utilidad para superar la complejidad de los conflictos futuros se verá cuando ésta se dote de una real dimensión política, desde la que se propongan esos futuros inmediatos sin excluir a ningún grupo de ciudadanos por su singularidad.

Jordi Moreras es profesor de Sociología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

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