REPORTAJE EL PAIS
REYES RINCÓN 29/05/2009

España es más diversa que nunca - Tradiciones como las bodas de niños o la ablación resultan inaceptables - ¿Hasta dónde cabe el respeto?

Un juez saudí rechazó recientemente y en dos ocasiones anular la boda de una niña de ocho años con un hombre de 50. El padre la vendió a un amigo para saldar sus deudas en contra de la opinión de la madre. Sólo después de una larga negociación y con la mediación de un nuevo juez, el abogado de la niña consiguió llegar a un acuerdo con el marido. Mientras el juez saudí se lo pensaba, un tribunal español condenaba a 17 años de cárcel a la madre de una adolescente mauritana residente en Cádiz por obligarla a casarse y mantener relaciones con un hombre de 40, sobre el que recayó una pena de 13 años.

Lo que la ley saudí ni se plantea (condenar al progenitor), no se discute entre los juristas españoles. Sin embargo, sí que hubo debate en el Tribunal Supremo al deliberar hace unas semanas sobre el caso de un ecuatoriano de 23 años que mantuvo relaciones consentidas durante un año con una niña de 11. El Supremo confirmó una condena de dos años de cárcel, pero con el voto particular de dos jueces que pidieron la absolución porque el procesado se había criado en la selva y, aunque llevaba siete años en España, no sabía que lo que estaba haciendo era delito.

Éstos y otros casos que han saltado a los medios en los últimos meses dejan una pregunta: ¿dónde hay que situar la frontera de la tolerancia del Estado ante determinadas tradiciones culturales o religiosas? Los expertos coinciden en la necesidad de impulsar el respeto por todas las tradiciones y creencias. "Pero existe un límite: los derechos fundamentales de las personas", afirma Pablo Santolaya, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares y autor de varios estudios de los derechos de los extranjeros en España.

Casos como el de la familia mauritana de Cádiz o el de niñas inmigrantes que son llevadas a su país para someterlas a una ablación de clítoris sobrepasan por mucho esa barrera del multiculturalismo, según Santolaya. Los compatriotas de la menor mauritana consideran, sin embargo, que ni la sociedad ni los jueces españoles deben inmiscuirse en sus costumbres. "No se están respetando nuestras tradiciones. En nuestro país es muy normal casarse con ocho o nueve años", lamenta Brahim Sall Oulddick, un mauritano que lleva una década en España y es amigo de los padres condenados. En su opinión, hay un malentendido: "Aquí se le llama violación y nosotros le llamamos casamiento".

Para Estrella Rodríguez, directora general de Integración de los Inmigrantes esa presunta colisión entre las costumbres de unos y otros es "un falso debate". "Una cosa es hablar de interculturalidad, de buscar espacios de encuentro, que siempre son positivos, y otra es hablar de costumbres que en nuestro país son delito. Ahí hay que ser firmes". Lo mismo opina Kaman Rahmouni, presidente de la asociación de trabajadores marroquíes Atime: "Las fronteras están claras: los principios constitucionales de España y las leyes en vigor. Dentro de esto puede caber cualquier costumbre. Fuera no cabe nada".

Casos extremos como éste perjudican a la imagen de los musulmanes en general, también a los que desean la integración y rechazan la barbarie. El presidente de Atime asegura que su asociación "nunca" defendería un caso como el de la niña de Cádiz. "A veces podemos estar en desacuerdo con algunos aspectos de algunas leyes, pero hay que respetarlas. Y esto hay que hacérselo ver a los inmigrantes". Pero Rahmouni cree que, al margen de esta barrera infranqueable, la integración completa de las culturas que hoy conviven en España es "un tema pendiente de resolver". "Tanto los que vienen de fuera como la sociedad española tienen que hacer un esfuerzo".

Los musulmanes que viven en España, más que con "problemas" para seguir aquí sus costumbres, se encuentran a veces con "dificultades", apunta Rahmouni, que pone como ejemplo la celebración del Ramadán. "Ya hay muchas empresas que permiten que el trabajador pueda salir un poco antes ese mes y luego recuperar las horas, pero en otras todavía es difícil".

Este tipo de conflictos ha sido objeto recientemente de un proyecto piloto del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, mediante el que un centenar de empresas han hecho un autodiagnóstico sobre su forma de gestionar la diversidad cultural. La directora general de Integración reconoce que el índice ha salido "bajo", pero hay razones para el optimismo: estas empresas han dado muestras de querer mejorar en esta tarea.

El catedrático Santolaya alude también a la dificultad de la sociedad española para ir "adaptándose" a una realidad cada vez más plural. Tres leyes dictadas el 10 de noviembre de 1992 desarrollan los acuerdos firmados entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica. El artículo 12 de esta última, por ejemplo, recoge que los musulmanes podrán solicitar la interrupción de su trabajo para el rezo obligatorio de los viernes desde las 13.30 hasta las 16.30, así como la conclusión de la jornada laboral una hora antes de la puesta de sol durante el mes de ayuno. Estas leyes también permiten a los fieles de estas confesiones pedir que sus fiestas religiosas sustituyan a las establecidas por el Estatuto de los Trabajadores.

Brahim Sall Oulddicklia, el mauritano amigo de la familia condenada por casar a su hija adolescente, admite que en este punto la sociedad española es "cada vez más respetuosa". Él trabaja como guarda en una obra y asegura no tener problemas para seguir el Ramadán ni rezar cuando debe. Otros han tenido menos suerte y han acabado llevando el asunto a los tribunales. El único pronunciamiento del Tribunal Constitucional, por lo que se considera la doctrina vigente, fue contrario a los intereses del trabajador, en este caso, una mujer que se había convertido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre cuyas creencias está el cese de toda actividad desde la puesta del Sol del viernes a la del sábado. La mujer pidió en su empresa un cambio de régimen de su descanso semanal y al no conseguirlo, dejó de ir a trabajar y fue despedida. La afectada solicitó en los tribunales que el despido fuera declarado nulo por entender que estuvo basado en motivos religiosos, pero el Constitucional no le dio la razón.

Los expertos consultados coinciden en que en España aún queda mucho camino por recorrer. Santolaya pone como ejemplo el caso de Estados Unidos, con mucha más tradición de diversidad religiosa. Allí se ha generado ya una amplia jurisprudencia que se conoce como Sabbation cases (en referencia al Sabbath judío) y que reconoce un derecho de los trabajadores y una obligación para los empresarios la búsqueda de un acomodo entre los intereses de ambos.

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J. G. BEDOYA 29/05/2009.EL PAÍS -Los musulmanes sufren

Mejor que en Italia, pero mucho peor que en la media de los grandes países europeos. Es la situación de los musulmanes españoles, procedan de la emigración o hayan nacido en España. Son ya un millón y medio. El 40% ha sido víctima de discriminación en el año anterior (30%, media europea), según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). Para llegar a estas conclusiones se ha realizado una encuesta a domicilio con 150 preguntas a 23.500 personas en 14 países de la UE. Las conclusiones provisionales se presentaron ayer en la Casa Árabe, en Madrid. Las definitivas se darán a conocer en Estocolmo a finales de año, cuando Suecia ostente la presidencia de la UE.

España obtiene los peores resultados en conocimiento entre la población musulmana de leyes que prohíben la discriminación y de organizaciones de apoyo y asesoramiento, así como en el número de musulmanes que creen haber sido abordados por la policía por su perfil étnico. Uno de cada tres encuestados ha sido objeto de discriminación y el 11% ha sufrido una agresión racista. Sin embargo, la gran mayoría de los musulmanes entrevistados (79%), sobre todo los jóvenes, no presenta denuncias, en su mayoría porque creen que no servirá para nada. Tampoco confían en las diversas policías del Estado. España supera la media en cifras de musulmanes abordados por esas policías (43% frente a 25% de media en la UE). El 72% cree que la razón es su “perfil étnico” (40% de promedio europeo).

Malta (64%) e Italia (55%) son los países donde se detectan niveles más altos de discriminación, frente a Bulgaria (9%) y Austria (10%), con los más bajos. El 84% de los musulmanes encuestados en España no conoce organizaciones de apoyo o asesoramiento a víctimas de discriminación, muy por encima del nivel europeo.

Los mayores niveles de discriminación se dan en los ámbitos de empleo y servicios privados, como cafeterías, discotecas, supermercados y tiendas, o cuando el musulmán con supuesto aspecto extranjero (aunque sea de nacimiento español) acude a un banco a abrir una cuenta corriente o a pedir un crédito. El jefe del Departamento de Igualdad y Derechos de los Ciudadanos de la FRA, Ioannis Dimitrakopoulos, calificó ayer de “preocupantes” esos datos porque ambas áreas (empleo y vida común) son claves en el proceso de integración.

El informe revela también que los musulmanes de entre 16 y 24 años sufren mayor discriminación que los restantes grupos de edad. La mayoría lo atribuye a su origen étnico. Sólo un 10% cree que el motivo sea su religión. De hecho, la indumentaria tradicional o religiosa (como el velo) no parece aumentar la posibilidad de que la persona sufra una discriminación mayor. En la Europa comunitaria viven entre 13 y 20 millones de personas de religión musulmana, según ese informe.

ANÁLISIS: Asignaturas pendientes

La diversidad cultural y religiosa es una de las características, y al mismo tiempo, uno de los retos más importantes de las sociedades occidentales. El problema no es nuevo. Siempre han existido flujos migratorios provenientes de países con una religión y cultura distintas. Pero el fenómeno de la multiculturalidad adquiere hoy especial complejidad al intensificarse esas corrientes migratorias, lo que deja en evidencia lagunas en la integración social de esas minorías diferentes culturalmente.

Su plena incorporación a nuestra sociedad sólo se puede lograr con una reciprocidad de derechos y obligaciones. Resulta imprescindible que las minorías religiosas y culturales acepten los principios y valores fundamentales en los que se identifican los ciudadanos el Estado anfitrión. Esto no significa admitir como válidos los “contratos de integración” con los que se pretende exigir una especie de adhesión explícita y previa a costumbres sociales de una tradición cultural ajena.

Ahora bien, no será posible formar verdaderamente parte de una sociedad si no se respetan sus más elementales reglas de juego culturales y constitucionales. Pero el consenso en torno a esos principios exige el abandono determinadas prácticas y usos arraigados a veces, aunque tampoco de forma mayoritaria, en las sociedades de origen. Algunas de esas tradiciones —la ablación de clítoris es el ejemplo más evidente— están prohibidas por normas jurídicas. En otros casos, como el uso del velo en las escuelas, la respuesta no es unánime y deja aún lagunas jurídicas; véanse si no la disparidad de reacciones a este problema en países como Francia, Gran Bretaña o el nuestro.

En todo caso, la solución pasa por admitir un ejercicio responsable de la libertad del individuo. El canon de medición sería, por tanto, el de una autonomía personal que no coarte ni imponga formas de conducta, el de una libertad cultural que no atente contra la dignidad que cualquier ser humano tiene más allá de su pertenencia a una comunidad.

Pero la integración es también una responsabilidad de los Estados receptores de flujos migratorios. No pueden eludir sus obligaciones para garantizar a los recién llegados unas condiciones de vida y los derechos fundamentales que disfrutan los nacionales. Faltan todavía prestaciones y derechos que hacer efectivos para que la integridad cultural y religiosa sea una realidad, y de ese modo también la igualdad real de todos los que compartimos un mismo espacio para la convivencia.

Por Gerardo Ruiz-Rico, director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y catedrático de Derecho Constitucional.