En demanda de ´Justice´

Un momento de la manifestación desarrollada ayer por las calles del centro de Alicante por residentes británicos, que culminó en el edificio Prop de la Generalitat

Cerca de 250 residentes británicos prejubilados salen a la calle a reclamar lo que consideran su derecho a seguir recibiendo atención sanitaria gratuita ante la próxima restricción del Consell
Dicen que vinieron al amparo de una sanidad gratuita que les animó a comprar una casa y a instalarse en la provincia. Ayer, cerca de 250 británicos se manifestaron por las calles de Alicante para protestar por la nueva Ley de Aseguramiento Sanitario del Consell, que en 2010 les obligará a pagar unos cien euros mensuales por persona. Ellos se sienten engañados y ayer pidieron mantener su tarjeta sanitaria. Eso sí, en inglés.

A. PRADO Con lemas coreados en inglés "Free health care for all" ("Sanidad gratuita para todos") o "What do we want? Justice!" ("¿Qué queremos? ¡Justicia!") la de ayer fue una manifestación diferente que a duras penas entendieron los ciudadanos que paseaban por el centro de Alicante, ya que los protagonistas fueron 250 ciudadanos británicos residentes en la provincia, fundamentalmente en la Vega Baja.
Los manifestantes -vestidos de pacientes y enfermeras y con ataúdes cubiertos por las banderas española y europea- reclamaron ante el Consulado Británico y el edificio Prop de la Generalitat su deseo de continuar con un derecho del que disfrutan desde hace años, la asistencia sanitaria gratuita, que la Conselleria de Sanidad restringirá en 2010 tras la aprobación en 2008 de la Ley de Aseguramiento Sanitario, desarrollada mediante decreto el pasado mes de septiembre, que obliga a las personas no aseguradas -aquellos que no son trabajadores activos ni pensionistas de la Seguridad Social- a suscribir un convenio de asistencia sanitaria por el que deben abonar unos 100 euros al mes. En este convenio están incluidos los ciudadanos de países de la UE residentes en España que carecen de cobertura sanitaria de la Seguridad Social de su país de origen, siempre que dispongan de medios económicos suficientes. Es decir, en su mayoría prejubilados, que el Consell estima en unos 3.000 en la Comunidad, de los que 1.600 son británicos.
Román Jiménez Gil, portavoz del grupo, explicó que muchos de los manifestantes "vinieron a vivir a la Comunidad Valenciana porque les ofrecieron con la ley de 2003 una asistencia universal y gratuita. Muchos dejaron su tierra, compraron casas, gastan su dinero aquí, pagan sus impuestos aquí y ahora les dicen que con la nueva ley tienen que pagar un seguro sanitario de cien euros al mes. Con la crisis no van a poder hacerlo. Se sienten engañados y discriminados por la Generalitat". Por este motivo, en las pancartas se podía leer "El Gobierno de Valencia rompe su promesa" y ellos pedían "la tarjeta sanitaria SIP".
Elaine Proud, enferma de cáncer de 58 años natural de Yorkshire, es una de ellas. No cobra ninguna pensión y hace cinco años que compró una casa en Guardamar del Segura con su marido "con la promesa del Gobierno valenciano y británico. Ahora no podemos vender la casa, no tenemos ingresos, mi marido tiene una pequeña pensión y no podemos asumir este gasto", apunta tras alabar la sanidad española. Como ella, otros muchos asienten.
 

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