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«¡Arpaio, escucha! ¡Estamos en la lucha!», gritaban ayer los manifestantes a las puertas de la oficina del temible sheriff del condado de Maricopa, que dedica su vida a la caza de inmigrantes ilegales. A simple vista parecía que era un día de celebración para los hispanos de Arizona, que han logrado parar en los tribunales los capítulos más duros de la ley antiinmigración, pero no. Muchos decidieron que una batalla no define la guerra.

«Hoy es el primer día de la SB1070», gritó Orlando Arenas, voluntario de la organización Puente. «¡La lucha continúa». «No hemos ganado nada, ni en los tribunales ni en la opinión pública», explicaba Isabel García, veterana activista de Tucson y directora de la coalición Derechos Humanos.

La víspera la jueza Susan Bolton solo detuvo temporalmentelos capítulos más controvertidos de la ley que pretendía obligar a la policía a hacer de agentes migratorios cada vez que encontrase sospechas de que alguien pueda ser emigrante ilegal. Algo imposible de determinar a simple vista salvo que se apliquen criterios raciales que afectarían al 30% de la población legal de Arizona que se declara hispana. García, por ejemplo, con su español fluido y sus rasgos indígenas, tiene seis generaciones en Tucson.

Había signos de alivio entre la población, pero lejos de celebrar, los activistas no querían que ese respiro opacara la entrada en vigor de la controvertida ley SB1070, que, aunque muy podada, sobrevive con capítulos como los que criminalizan a cualquiera que transporte en su automóvil a un ilegal. Algo que dividirá a familias con diferente estatus migratorio y pondrá en apuros a grupos sociales de todo tipo, desde Iglesias que organizan excursiones o trabajos comunitarios, hasta asociaciones de voluntarios.

«Trabajo con mujeres en defensa de los derechos humanos y en ayuda a indigentes, pero no tengo ni idea de quién tiene papeles o no», explica García. «¿Qué se supone? ¡Que debo preguntarles antes de que se suban al coche! ¿Y por qué tengo que ser yo responsable de las faltas migratorias de los demás?». O aún peor. «Cuando mi padre se ponga enfermo, ¿no debo llevarlo al hospital?», preguntaba Anselmo Rascón.

'Esquineros'

Otro de los capítulos supervivientes es el que permitirá a la Policía indagar el estatus migratorio y detener a quien ocupe la calzada en busca de trabajo. Una cláusula que ataca directamente a los 'esquineros' que cada mañana se apostan a la salida de las tiendas de materiales de construcción, donde capataces contratan peones desde su automóvil.

Pero para los cientos de personas que habían viajado ayer desde California hasta las manifestaciones de Phoenix, Arizona es el campo de batalla desde el que hay que luchar contra el clima de racismo que se extiende por el resto del país. «Ya no puedo dormir por las noches. Todo esto me ha afectado mucho», confesaba María Ana Mendoza, de 57 años. «Mis hijos no lo sufren tanto porque están mezclados con anglosajón, pero yo como soy morena me insultan por la calle. Me dicen 'ilegal, mojada de mierda, vete para México'. Otras veces me confunden y me llaman iraní o terrorista. Dos veces he tenido que llamar a la Policía para que me saque del tren. En Lancaster (California), si eres hispano ya no puedes salir a la calle, seas legal o ilegal».

Por el camino, parados en las gasolineras, ha visto a muchos hispanos en sus furgonetas, cargados hasta la baca, que abandonaban el estado. Mientras el sheriff Arpaio les siga aterrorizando con sus redadas en los sitios más insospechados y los legisladores les pongan el sueño de un trabajo cada vez más lejos, Arizona es tierra hostil. «Pero no se vuelven a México, sino que se van a otros estados, así que esta ley no resuelve nada, solo los desperdiga por todo Estados Unidos», objetaba el voluntario de Puente.

El plan de acción pasaba ayer por los actos de desobediencia civil, que antes del mediodía habían resultado ya en al menos dos docenas de detenidos por invadir la calzada. Arpaio espera a los manifestantes en su cárcel con mensajes por Twitter. «No se preocupen, tengo sitio. Los encerramos y que dentro protesten todo lo que quieran, desafía.

La consigna es no llevar papeles, no mostrar identificación alguna a la Policía, a lo que nadie está obligado hasta que esté en presencia de un abogado, pero que sin duda llenará las celdas.

Las revueltas contra la ley SB1070 han servido para despertar la conciencia política de un sector de la población apático que a menudo ni siquiera se molesta en registrarse para votar. «Ahora tenemos que hacerlo, unirnos y sacar con nuestro voto a quienes promueven el odio contra nuestra raza», insiste Arenas. «Los republicanos utilizan el resentimiento contra los inmigrantes para tomar el poder de Arizona».

A largo plazo, la directora de Derechos Humanos cree que la batalla pasa por cambiar la relación de explotación con México que produjo el Tratado de Libre Comercio de Norteamerica (TLC), al que culpa del éxodo de seis millones de mexicanos desde 1994. «Que no se hagan, se lo impusimos, EE UU no negocia de tú a tú con México, y con eso les quitamos la oportunidad de seguir ganándose la vida en su tierrita. Ahora tienen que plantar maíz de Monsanto».

Para ella la inmigración no se puede resolver militarizando la frontera o acorralando a los que se ganan la vida en EE UU, sino creando proyectos económicos para que la gente no tenga que abandonar su país. «No puede ser que durante cien años les hayan llamado para trabajar aquí y de pronto les quieran echar a todos. Entre todos hemos construido este país».